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Historia del Régimen Transitorio de Reparto


Los antecedentes del Régimen de Transitorio de Reparto (RTR) se remontan a la creación del actual Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional  mediante la Ley 2248 del 5 de septiembre de 1958.

El RTR protege a todas las personas que ya disfrutan de su pensión y a las que empezaron a laborar en el sector educativo antes del 15 de julio de 1992, y que actualmente están cubiertas por las leyes 2248, 7268, 7531 y sus reformas. Se le llama transitorio porque tiende a desaparecer en el largo plazo pues no admite nuevos cotizantes.

Desde su aprobación en 1958, la Ley 2248 que también creó la Junta de Pensiones, fue objeto de 32 leyes conexas hasta su reforma integral en 1991.

Hay que subrayar que ya para 1985, se comenzaba a sentir en el gasto público el efecto del pago de las pensiones del Magisterio, dado que ningún gobierno creó las reservas para el cumplimiento de los compromisos. Todo lo contrario, conforme pasaban los años, se fue generando un severo faltante. La situación se tornó inmanejable a principios de los noventa, cuando se aprueba la Ley 7268 del 14 de noviembre de 1991.

La nueva legislación plantea varios cambios importantes en el perfil de beneficios para disminuir el costo económico y así frenar el gasto fiscal, sin afectar fundamentalmente el funcionamiento de la Junta de Pensiones.

El 15 de julio de 1995 se publicó la Ley 7531 como reforma integral al Sistema de Pensiones del Magisterio Nacional. Como dato curioso esta ley se aprobó un sábado casi a la media noche y se alejaba de todos los principios informadores de la seguridad social.

Con pleno conocimiento de ello se estableció la oportunidad de trasladarse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, que fundamentalmente por lo oneroso y confiscatorio que resultaba permanecer en el Sistema Pensiones del Magisterio, obligó a muchos trabajadores activos a ejercer el derecho de traslado.

En diciembre de 1999 nace el texto de la última reforma, Ley 7946, que le brinda adscripción obligatoria al Régimen de Capitalización Colectiva y mejora levemente el perfil de beneficios que había sido desmejorado significativamente por la Ley 7531.

A pesar de las reformas, las leyes 2248 y 7268  aún resultan eficaces en su aplicación para  quienes cumplieron con un mínimo de 20 años de servicio al Magisterio con anterioridad al 18 de mayo de 1993 o al 13 de enero de 1997 respectivamente, gracias a  la aplicación de la Ley 8536 del 11 de agosto de  2006. Esta normativa vino a resguardar los derechos adquiridos de los trabajadores de la educación, ya de por sí reconocidos en su momento por la Sala Constitucional que hizo valer como argumento la aplicación del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

 
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