Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Criterios Tribunal de Trabajo

 

PERTENENCIA

237, Sección Primera, 9:20 horas del 23/02/99

Hemos extractado de esta sentencia del Tribunal dos considerandos de los cuales el tercero, nos dice que el ingreso al Régimen bajo la vigencia de determinada ley, no presupone necesariamente el cálculo futuro de la prestación con base en ella, sino con arreglo de la vigente al cumplirse los requisitos exigidos para acceder al derecho y; en el cuarto, se sostiene que no resulta procedente el cómputo el servicio en la empresa privada sin relación con la educación nacional.

 

III.-  Ley aplicable.  No es la 2248 porque si bien el recurrente ingresó a cotizar para el sistema de pensiones del Magisterio Nacional cuando estaba vigente ese cuerpo normativo, es lo cierto que el derecho a pensionarse lo adquirió cuando su estado de salud no le permitió seguir laborando, pues la pertenencia a un régimen no es suficiente para tener derecho al cálculo de la pensión en los términos originales de la normativa que lo rige.  Se debe aplicar, en este caso la Ley 7268, porque el reclamo se hizo durante los dieciocho meses posteriores a su derogatoria por la Ley 7531.  Se aplica así el principio de supervivencia del derecho abolido (ver, entre otros, de la Sala Constitucional, los votos números 1147-90, 3933-93 y 5261).-

IV.- Tiempo computable.  No es correcta la afirmación del petente en el sentido de que la pensión debe fijarse con dieciocho años y once meses.  De conformidad con los documentos de folios 3 a 32 se determina que, al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis tenía a su favor, trece años de labores para el Ministerio de Educación Pública, cuatro  meses por aplicación del artículo 32, dos años y seis meses por aplicación de la Ley 6997, tres años y  seis meses de servicios para el Estado.  También laboró un años y nueve meses para la empresa privada que no tiene relación con la educación nacional.  La Junta computó los servicios en la empresa privada para sumar un total de veintiún años y siete meses.  Esto no encuentra respaldo en los artículos 41 y 42 de la Ley 7531, ni en ninguna otra norma, ni en la jurisprudencia de la Sala Constitucional ni de este Tribunal, por lo que la resolución número 4543 del 20 de agosto de mil novecientos noventa y siete debe modificarse en ese aspecto y en lo que adelante se dirá.  El tiempo de servicios  que debe computarse al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis ha de ser de diecinueve años y diez meses y no como lo indica el recurrente.  Como no consta si el actor es servidor activo o la fecha en que dejó de laborar, la pensión debe ajustarse hasta el efectivo retiro.”

 

0243, Sección Primera, 9:50 horas del 23/02/99

Indica el considerando III de esta resolución que esa labor declarativa del derecho debe practicarse con sumo cuidado y, que la ley que debe aplicarse será la vigente al momento de cumplir los requisitos para el beneficio que se trate, con prescindencia de aquella que rija al momento del reclamo.

 

“III.-  Analizado el motivo del recurso, la prueba aportada al proceso, normas y jurisprudencia aplicables, esta autoridad concluye que le asiste razón a la recurrente.  Está demostrado que ésta reunió los requisitos para acceder a una pensión ordinaria durante la vigencia de la Ley 2248, de manera que hizo mal la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en negarle ese derecho, a pesar de que reconoció que tenía el tiempo de servicio suficiente para disfrutar ese derecho.  La escogencia de la Ley aplicable para el caso concreto es una labor que debe hacerse cuidadosamente, tomando en cuenta lo que ha dicho la Sala Constitucional.  O sea que, no importa la ley que esté vigente cuando se hace el reclamo, siempre debe realizarse el estudio para ver si durante la vigencia de un cuerpo normativo precedente se reunieron los requisitos.  Una vez cumplidos los requisitos legales, aunque no se haga la gestión, el administrado incorpora a su patrimonio el derecho a pensionarse a partir del momento que decida retirarse del servicio.”

 

0422, Sección Tercera, 9:50 horas del 12/05/00

En razón de su actualidad e interés para la membresía del régimen, extractamos del presente fallo, las consideraciones relativas al derecho de pertenencia que surge a partir de la acreditación de un tiempo igual o superior a veinte años.

 

“VI- En el presente caso, como se observa del cálculo del tiempo servido, al folio 26 frente de los autos, al 18 de mayo de 1993, en que dejó de regir la ley 2248, con aplicación de las normas adiciones que integran la misma, la actora completa un total de 23 años 5 meses 18 días ascrita al régimen de pensiones del Magisterio Nacional, por lo que de ello deriva el derecho a pensionarse bajo las prerrogativas de esa ley, esto es que la pensión que como tal le corresponde le debe ser calculado conforme el mejor salario de los últimos cinco años servidos, como lo hizo la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

       Asimismo esta entidad, aplicó correctamente, el concepto de régimen de pertenencia, al presente caso, y en consecuencia, no queda otra alternativa que revocar lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones y aprobar lo dispuesto por la Junta.”

 

1009, Sección Tercera, 09:50 horas del 27/10/00

Se infiere diáfanamente de esta resolución que el denominado derecho de pertenencia al Régimen, a partir de cual resultan de aplicación las distintas leyes que lo informan, requiere necesariamente un mínimo de 20 años de servicio para el Magisterio Nacional, para así completar el tiempo de servicio con el prestado en otras dependencias del Estado o la Empresa Privada.

 

“III.- El concepto de pertenencia, como el derecho a ampararse a las disposiciones de una norma de seguridad social, como lo son las de pensión, durante un término no menor de veinte años, comienza a manifestarse con la ley 6997 del 9 de setiembre de 1985 que vino a modificar el artículo 2 inciso d) de la 2248, en el sentido de que permite el reconocimiento para efectos de pensión de hasta diez o menos en otras dependencias del Estado, previo al ingreso al sector docente, debiéndose comprobar por lo menos diez años de servicio en la docencia.  La 7268, que vino a sustituir a esta, permite el reconocimiento de hasta diez años de servicio para el estado a efecto de completar el total de tiempo requerido, previa acreditación de haber servido veinte años en la Educación Nacional (artículo 2 inciso d), párrafo 5°).  O sea que el reconocimiento del tiempo servido en ese otro sector estatal, lo era a condición de que se hubiera consolidado ese derecho a la pertenencia (20 años).  Con la promulgación de la ley 7531 ocurre algo parecido, si bien en esta no se habla del tope de diez años al reconocimiento del tiempo servido en otros sectores, ahora incluido también la empresa privada, se establece como requisito mínimo un total de veinte años (240 cuotas) aportadas necesariamente al régimen del magisterio, y cuando se habla de necesariamente, lo es en el sentido de que ellas se refieran a la prestación de servicio en el área docente y no puedan serlo en otra.  Ello es así por cuanto de permitirse optar a un determinado régimen de pensiones, a los diferentes funcionarios de la administración pública, se podría suscitar el fenómeno de que todos se adscriban al que más beneficioso les resulte con la lógica saturación de este.

 

       Posiblemente el hecho de que en la ley 7531, no se establece el límite de diez años de reconocimiento adicional del servicio brindado en otros sectores se deba al margen mayor de cotización que exige esta nueva ley.  Pero en todo caso, para que puedan ampararse a los beneficios de estos regímenes jubilatorios, debe pertenecerse al mismo en todo sentido de la palabra, por un mínimo de veinte años.

 

       En el caso de la 2248,con la reforma citada, para que el reconocimiento de diez años de labores en otro sector estatal hasta un máximo de diez años, tiene que referirse a un tiempo anterior, no a un tiempo posterior, y si se pretende aplicar la 7268, tiene que registrarse un mínimo de 20 años de servicio en el sector docente.  El señor (…) laboró para el sector educativo hasta el mes de junio de 1986, para luego hacerlo en el Ministerio de Hacienda, sea un tiempo posterior por lo que no procede el reconocimiento por vía de dicha ley, de ese tiempo servido para el Estado.  Si fuera en consideración a la 7268 o 7531, en ellas necesariamente tiene que registrar veinte años de servicio, los que no tiene, amen de que la primera solo permite máximo de diez años de reconocimiento, razón por la cual tampoco en esta es procedente lo dispuesto por la Junta de Pensiones.”

 

1171, Sección Tercera, 10:20 horas del 24/11/00

A partir de las resoluciones de la Sala Constitucional, cuanto de la elocuente jurisprudencia administrativa del honorable Tribunal, se ha desarrollado toda una “doctrina” de lo que hoy día se conoce como “el derecho de pertenencia” a determinado régimen de previsión social.  El presente fallo así lo recoge.

 

       “II- El concepto de pertenencia, como el derecho a ampararse a las disposiciones de una norma de seguridad social, como lo son las de pensión, durante un término no menor de veinte años, comienza a manifestarse con la ley 6997 del 27 de agosto de 19985, que vino a modificar en lo conducente la 2248, al permitir el reconocimiento de hasta diez años de servicio para el estado a efecto de completar el total de tiempo requerido, la cual si solo permitía hasta un máximo de diez de labores en otros sectores del Estado, es lógico que exigía el resto, -20 años, o 15 si se laboraba en zona inhóspita e insalubre, o con horario alterno- en el sector docente.  La ley 7268 que le sucedió, es más clara cuando para ese reconocimiento exige una previa acreditación de haber servido veinte años en la Educación Nacional (artículo 2 inciso d), párrafo 5).  O sea que el reconocimiento del tiempo servido en ese otro sector estatal, lo era a condición de que se hubiera consolidado ese derecho a la pertenencia(20 años).  Con la promulgación de la ley 7531 ocurre algo parecido, si bien en esta no se habla del tope de diez al reconocimiento del tiempo servido en otros sectores, ahora incluido también la empresa privada, se establece como requisito mínimo un total de veinte años(240 cuotas)aportadas necesariamente al régimen del magisterio, y cuando se habla de necesariamente, lo es en el sentido de que ellas se refieran a la prestación de servicio en el área docente y no puedan serlo en otra.  Ello es así por cuanto de permitirse optar a un determinado régimen de pensiones, a los diferentes funcionarios de la administración pública, se podría suscitar el fenómeno de que todos se adscriban al que más beneficioso les resulte con la lógica saturación de este.

       Posiblemente el hecho de que en esta nueva ley, no se establece el límite de diez años de reconocimiento adicional del servicio brindado en otros sectores se deba al margen mayor de cotización que se exige.  Pero en todo caso, para que puedan ampararse al los beneficios de estos regímenes jubilatorios, debe pertenecerse al mismo en todo el sentido de la palabra, por un mínimo de veinte años.

       Originalmente, en el caso de la Ley 2248, como la misma fue orientada exclusivamente para el tiempo servido en la docencia, no estableció la posibilidad del reconocimiento del tiempo servido en otros sectores laborales, pero si se estimara procedente al aplicación retroactiva de la norma que permite la acreditación de ese servicio en otra áreas, por resultarle beneficio al trabajador, lo ha de ser de acuerdo con las condiciones contempladas en las normas que retroactivamente se aplican, esto es con al menos veinte años de servicio en la docencia.

       Se concluye de lo anterior, que para que el docente pueda pretender la pertenencia a determinado régimen, en los términos contenidos en resolución de las Sala Constitucional 6842-99 del 3 de setiembre de 1999, tiene que haber estado adscrito a la ley a que pretende ampararse en condición de trabajador del sector docente por lo menos en un mínimo de 20 años.”

 

1172, Sección Primera, 10:55 horas del 21/12/00

De la abundante jurisprudencia del derecho de pertenencia, reseñamos del Tribunal Superior de Trabajo:

 

       “II.  La controversia planteada mediante recurso deducido, requiere establecer: si el interesado tiene derecho a que, con el fin de examinar su solicitud de revisión del monto de su pensión, se aplique la ley 2248 de cinco de septiembre de 1958, con base en la cual se le concedió la pensión original; y a que se determine el tiempo real de servicio y el porcentaje de postergación correspondiente al mismo.  En esa línea de ideas, del estudio de las piezas de este expediente se desprende que la pensión de marras se otorgó con base en la ley 2248 referida (ver folio 15).  Por lo tanto, la resolución de la Dirección Nacional vulnera derechos fundamentales del trabajador, al aplicar una ley posterior en este procedimiento de revisión, que no es más favorables al intéres del aquél.  Tanto la jurisprudencia constitucional, como la que se ha conformado con las resoluciones de este Tribunal en la función supradicha, han desarrollado suficientemente el tema del derecho de pertenencia a un régimen de pensiones, que es intangible por normativa posterior, en observancia del principio de la norma posterior menos favorable.  Por ese motivo, debe aplicarse la ley 2248 para resolver esta solicitud.

       III. Tocante al tiempo de servicio, la Dirección yerra al no considerar el beneficio creado por la reforma introducida al artículo 32 de la ley 2248, mediante ley 7028 del catorce de noviembre de 1986 (que mantuvo vigencia hasta el dieciocho de mayo de 1993), a saber, que los funcionarios del ramo que se hubieran desempeñado en labores que no fueran las de docencia, se le reconociera por el período que lo hubieran hecho, dos meses por cada años servido.  En ese orden de ideas, del documento de folio 61 se desprende que el servidor laboró desde 1978 hasta 1992 en las faenas referidas.  Luego, por los quince años en mención, le correspondían treinta meses del beneficio, que deben sumarse al tiempo total servido.  Ahora bien, dado que durante los últimos años (a partir de 1993) el recurrente sí ha fungido en labores docentes (ver folios 44 y 15), corresponde dividir los treinta meses, contabilizando un año por cada nueve meses (conforme dispone el artículo 176 del Estatuto del Servicio Civil), con lo que se obtiene la conversión a tres años y tres meses.  Luego, lo cálculos hechos por la Junta, visibles a folio 68, son correctos.”

 

1307, Sección Segunda, 10:40 horas del 04/12/00

De manera precisa nos dice el Tribunal que la revisión constituye el mecanismo idóneo a efecto de determinar la ley aplicable, a partir de la pertenencia por 20 años a determinado régimen.

 

“En ese orden de ideas, no es óbice para la aplicación de la ley 2248, que la pensión disfrutada se haya otorgado bajo el cobijo de una normativa posterior, por cuanto la jurisprudencia de la Sala Constitucional en vinculante (artículo 13 Ley de Jurisdicción Constitucional), y por respeto al principio de irretroactividad de la ley en perjuicio del administrado.  Ahora bien, de los documentos de folio 48 y 57, se extrae que tanto la Junta como la Dirección coinciden en que, a mayo de 1993, la actora tenía más de veinte años de servicio con el magisterio nacional, con lo que se establece que sí tiene derecho a que, con el fin de revisar el monto de pensión, se apliquen las disposiciones de la ley 2248.”

881, Sección Segunda, 10:30 horas del 24/06/2002

Conforme jurisprudencia de la Sala Constitucional y del Tribunal Superior de Trabajo en ejercicio de la competencia jerárquica impropia, cuanto de los acuerdos de Junta Directiva en ese sentido, la pertenencia a uno u otro régimen (Reparto o Capitalización Colectiva), del Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, se encuentra determinada por la fecha de ingreso al servicio por primera vez con referencia al 15 de julio de 1992, indistintamente de la edad del servidor.  Esta antinomia generada por los artículos 7 y 34 de la Ley 7531, ha sido disipada con vista de la cotización enterada, tal y como ocurre en caso particular.

 

“El argumento de la Dirección Nacional de Pensiones que determinó que aunque está inválida no es acreedora del beneficio por la contingencia de invalidez porque en su parecer no está adscrita al régimen de reparto, es evidentemente erróneo.  Debe apreciarse que desde su ingreso la recurrente cotizó para ese régimen con una contribución del siete por ciento de su salario y además, a tenor del artículo 7° de la Ley 7531, ante la contingencia de la invalidez, por haber nacido antes del primero de agosto de mil novecientos sesenta y cinco, legalmente quedó cubierta por el régimen de reparto.”

 

1476, Sección Segunda, 9:10 horas del 17/10/2002

Aún cuando el causante en su oportunidad se trasladó hacia el Régimen que administra a Caja Costarricense de Seguro Social, es lo cierto que desde su ingreso al servicio cotizó para el Magisterio Nacional; de ahí su derecho de pertenencia en los términos del voto 1147-90 de la Sala Constitucional, impone necesariamente la declaratoria del beneficio con arreglo de la Ley 2248 en el caso particular.

 

“En la especie nos encontramos frente a una inconformidad con lo que dispusiera la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones, en la que deniega el beneficio sucesorio solicitado con fundamento en las razones supra mencionadas.  A este respecto, si bien el causante, señor (…) se había trasladado a la Caja Costarricense de Seguro Social en fecha 01 de Julio de 1996, lo cierto del caso es que el mismo, ya había cumplido por lo menos con los veinticuatro meses de cotizaciones exigidos, conformándose el derecho solicitado al amparo de la Ley 7531.  En efecto, la certificación de la Universidad de Costa Rica señala que el causante cotizó desde su ingreso al servicio educativo con el porcentaje propio del Régimen Transitorio de Reparto; razón que permite determinar su derecho de pertenencia desde el propio momento de su ingreso, tal y como lo desarrolla la Sala Constitucional en el fallo 1147-90.  Por lo anterior, sin necesidad de mayor consideración, se procede revocar la resolución DNP-M-DE-901-01, dictada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y, en su lugar, confirmar la resolución de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, número 4333.”

 

1478, Sección Tercera, 11:40 horas del 25/10/2002

En los términos comentados para análogos fallos, resulta trascendental en los procedimientos de declaratoria de derechos de jubilación, la confirmación que hace la Sección Tercera a la actuación de la Junta, por virtud de la cual se otorga la jubilación ordinaria por el Régimen Transitorio de Reparto por el Régimen del Magisterio Nacional, a quienes luego de cotizar por un mínimo de 20 años, se trasladaron al régimen que administra la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

 “III. Sobre el derecho a pensionarse por este régimen:  Mediante resolución recurrida, la Dirección Nacional de Pensiones, rechazó la pensión porque el gestionante renunció al régimen del Magisterio Nacional según certificación que consta a folio 21 y de conformidad con certificación a folio 33, la gestionante tampoco solicitó reingreso al Régimen, por lo tanto se le aplican los artículos 3 y 4 de la Ley 7531 y el 12 del Reglamento de dicho ley, publicado en la Gaceta No. 89 del 10 de mayo de 1996 y Decreto No. 25109-MP- H- MTSS.  El mencionado artículo 4 de la Ley No. 7531 establece que la opción de traspaso a que se refiere el artículo 3 de su párrafo tercero, podrá ser ejercida por una sola vez, de manera que no procederá incluir de nuevo en el régimen del Magisterio, a los funcionarios que hayan optado por pasarse al seguro obligatorio de Invalidez, Vejez y Muerte.  Por tales razones la Dirección deniega su solicitud de jubilación. (folios 97 y 98).

IV.  Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto; y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta es lo correcto, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, en el caso de estudio, si bien el interesado no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional a partir de solicitud de traslado, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense del Seguro Social, y las que el trabajador tendrá a su cargo.  Y por otra parte, el derecho de opción no es aplicable a las personas que hayan laborado por más de veinte años bajo los regímenes de las leyes 2248 y 7268 porque estas tendrían un derecho de pertenencia a ese régimen.  Como sucede en el presente caso que tienen pertenencia a la ley 7268.  En efecto ante esa situación fáctica descrita en el considerando anterior y al tenor de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el voto 6842-99, de las 8:45 hrs. del 3 de setiembre de 1999, en relación con el artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la pensión del petente debe fijarse con los parámetros establecidos por la Ley número 7268, por tratarse de un derecho adquirido al cumplir veinte años de servicios en educación durante su vigencia, aunque los requisitos para el goce efectivo de la pensión se haya cumplido posteriormente.”

 

1538, Sección Primera, 9:10 horas del 8/11/2002

Sostiene este fallo que el derecho de pertenencia se adquiere al sumar 20 años de servicio al Magisterio Nacional, exigencia la cual debe igualmente observarse para el beneficio ordinario por edad.

 

“IV.  Del análisis de los autos, se observa que el punto medular a determinar en este asunto es la ley aplicable.  Esta determinación depende a su vez del tiempo de servicio que el gestionante tenía a mayo de mil novecientos noventa y tres.  La Junta de Pensiones y Jubilaciones computó hasta esa fecha un tiempo de servicio de diecisiete años, tres meses y tres días laborados.  Como este período es superior a los diez años, consideró que la pensión debía otorgarse con la Ley 2248.  La Dirección Nacional de Pensiones, sólo tuvo por laborados antes de mayo de mil novecientos noventa y tres, un año y cinco meses, y por eso rechazó la gestión de revisión.  Este Tribunal considera que ambas resoluciones son erróneas.  La de la Junta de Pensiones porque no se repara en el hecho de que el derecho de pertenencia a un régimen (según jurisprudencia de la Sala Constitucional) se obtiene con veinte años de servicio, y no con diez.  La de la Dirección Nacional de Pensiones, porque omite los años laborados no cotizados al Magisterio Nacional, como si no fuere posible hacer al pensionado el cobro administrativo de las cuotas pendientes.  En realidad, el petente si bien no logró completar los veinte años de servicio antes de mayo del noventa y tres, sí los completó antes del trece de enero de mil novecientos noventa y siete (ver folios 43 a 54 y 69 a 70), razón por la cual adquirió el derecho a pensionarse en los términos de la Ley 7268, aún cuando para aquella data no tuviere la edad de sesenta años.  Así las cosas, lo procedente es revocar la resolución apelada, y en su lugar ordenar a la Junta de Pensiones y Jubilaciones otorgar la presente pensión de vejez en los términos establecidos en la Ley 7268.”

 

1685, Sección Tercera, 9:10 horas del 17/12/2002

Nos dice el honorable Tribunal en esta resolución, que el tiempo servido en uno y otro país para la educación, no pueden sumarse a los efectos de establecer el derecho de pertenencia a un determinado régimen de pensiones; así, la exigencia al 19 de mayo de 1993 para aplicar la Ley 2248, debe satisfacerse con el trabajo realizado en Costa Rica.

 

“IV.- Al respecto es preciso acotar que, según la constancia de servicio que aparece a folio 118, la petente, para el 18 de mayo de 1993 –fecha en la que dejó de surtir efectos la ley 2248- no había superado los 20 años de servicio exigidos para poder optar por esa normativa, pues demuestra 12 años, 2 meses y 18 días.  El tiempo laborado en Chile no puede ser considerado para efecto de pertenencia ya que para ello se requiere que el servicio se haya prestado efectivamente bajo los requisitos de la Ley 2248 lo que no cumplió la recurrente si sus servicios  fueron prestados fuera del país.  Por estas razones lo procedente es confirmar la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones.”