Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

Criterios Tribunal de Trabajo

 

TIEMPO DE SERVICIO

110, Sección Primera, 9:45 horas del 29/01/99

La presente sentencia obliga a esta Junta otorgar la jubilación ordinaria bajo los términos de la Ley 7531 por contar la interesada con más de 24 años y seis meses de servicio, los cuales a su juicio, no alcanzó al 13 de enero de 1997, fecha de vigencia de la Ley 7268.  Así, revoca lo actuado por la Dirección Nacional de Pensiones -aún cuando refiere en su considerando tercero in fine que se encuentra ajustada a derecho-, y ordena conceder el beneficio ordinario.

 

“III.  Debemos recordar que la Ley 7268 del 18 de noviembre de 1991 perdió su vigencia el trece de enero de mil novecientos noventa y siete (según el dimensionamiento de la Sala Constitucional).  Por eso, los requisitos para acogerse a una pensión con base en aquella normativa, debían de ser cumplidos antes de aquella data.  Debe tener presente la recurrente que si bien al veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y siete, tenía el tiempo de servicio necesario, ya para esa fecha no era posible aplicarle la Ley 7268.  Ahora bien, si para aquella data (24-04-97) tenía veinticuatro años, siete meses y dieciocho días de servicio, entonces los veinticuatro años y seis meses (período necesario para obtener su derecho) no los alcanzó sino hasta el seis de marzo de mil novecientos noventa y siete, cuando ya había perdido vigencia la 7268.  Consecuentemente la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que le negó la pensión en aplicación de aquella normativa se encuentra ajustada  a derecho.

IV. Observa sin embargo este Tribunal que la recurrente sí tiene derecho a una pensión en los términos de la ley 7531 dado que según se aprecia del documento de folio 51 cumple con el tiempo de servicio requerido (relación art. 34 e inciso b-) del 41), toda vez que indica en su parte superior:  “total de tiempo servido: 21 años o meses 18 días”.  Así entonces corresponde obligar a la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional a otorgarle a la recurrente una pensión de conformidad con el cuerpo legal citado.  Para efectos de su cálculo final se ajustara el monto al total laborado al momento de acogerse a este derecho.”

 

*     AD-HONOREM Y EN EL EXTRANJERO

 

0169, Sección Primera, 8:05 horas 29/02/00

Sostiene el Tribunal en la resolución de comentario, que el tiempo laborado por el interesado en forma ad-honorem, no puede ser despreciado en virtud que el mismo fue reconocido por su propio patrono (Universidad Nacional), para efectos de antigüedad y pago de anualidades, cuanto por homologarse al funcionario de hecho que se dispone en el artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública.  Asimismo, efectúa un examen de lo dispuesto en el numeral 1° de la Ley 2248, en lo concerniente a la oportunidad que el tiempo de servicio prestado en el extranjero en forma transitoria, pueda ser computado; esclareciendo que ese derecho en el caso particular, no puede ser abonado a la contabilización, en razón que ello es aplicable para los nacionales que prestan los servicios en el extranjero y en asuntos de interés para la educación nacional, y no para aquellos que arriban a la país y se involucran en el campo de la educación.  Tampoco le es aplicable el Convenio Iberoamericano, pues los Estados Unidos de Norteamérica no es suscriptor del mismo.

 

“IV.- Analizado el caso, los suscritos consideramos que le asiste razón al apelante en cuanto reclama el reconocimiento de tiempo en que estuvo laborando con nombramiento ad honorem.  No es posible desconocer éste cuando la misma Universidad Nacional lo reconoció para el pago de anualidades, lo que implica el derecho a mayor antigüedad laboral.  El no pago durante los servicios ad honorem no tiene la virtud de invalidar el récord laboral, por lo tanto no debe excluirse del cómputo de servicios, para efectos de pensión del Magisterio, pues se trata de una figura similar a la del funcionario de hecho, el cual realmente presta el servicio y asume obligaciones por ellos.

       En cuanto al tiempo laborado en universidades extranjeras, la Universidad lo computó únicamente como experiencia, pero no fue un reconocimiento para antigüedad laboral hábil para otros efectos.  Como se trató de labores en Estados Unidos de Norteamérica, el cual no es suscriptor del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, no puede acogerse a sus beneficios.  Tampoco le resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 116 del Código de Educación.  El reconocimiento que ese artículo establece es para los nacionales que prestan servicios en el extranjero, en forma transitoria, en asuntos de interés para la educación nacional.  O sea, que los extranjeros que arriban al país y se involucran en el campo de la educación no son destinatarios de esa norma.  En consecuencia, al recurrente no le asiste el derecho a que se le reconozca el tiempo laborado en universidades de Estados Unidos, para efectos de otorgarle pensión del Magisterio Nacional.  Esto no significa violación al derecho constitucional a la pensión, puesto que el derecho se obtiene cuando se reúnan los requisitos que el ordenamiento aplicable establece.  Osea que lo que ahora tiene el recurrente es una expectativa de derecho.  Este lo obtendrá cuando cumpla con el tiempo de servicios que la Ley aplicable exige, no antes.”

 

 

524, Sección Segunda, 9:20 horas del 06/05/2002

A la luz del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social puede reconocerse para efectos de pensión, el tiempo servido en un hermano país siempre que lo haya sido en el campo docente.

 

“II.- La presente solicitud de pensión fue declarada sin lugar, por cuanto el interesado no cumple con el requisito de tiempo servido.  Este se siente agraviado con lo resuelto, porque considera que sí cumple ese presupuesto y el problema radica en que las instancias administrativas no le reconocen, para efectos de la pensión, un tiempo servido en la República de Uruguay.  Analizado el tema este Tribunal comparte la tesis desarrollada por los órganos de instancia, independientemente de entrar a estudiar si el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social tiene aplicación o no, se considera en forma unánime, por los integrantes del mismo, que ese tiempo servido no puede ser reconocido, por una razón muy importante, no se demostró que ese tiempo laborado fue en la docencia, por el contrario del material probatorio aportado al expediente, certificación de folio 9, pareciera que se infiere, que el puesto pertenece a una clase administrativa de una institución estatal (Intendencia Municipal de Montevideo).”

 

 

*        EDUCACIÓN ESPECIAL

 

130, Sección Segunda, 8:30 horas del 13/02/2003

De suma importancia resulta el análisis que efectúa el Tribunal en el presente asunto, por virtud del cual la discusión se zanjaba en determinar si los funcionarios administrativos que laboran en educación especial, “los cobija” el beneficio que se estipula en el artículo 2 inciso b) de las leyes 2248 y 7268.

 

Aún cuando se examina el hecho que la Procuraduría General de la República en el dictamen C-310-84, de manera lacónica indicó que ese derecho era exclusivamente para docentes, lo cierto es que ni el Estatuto del Servicio Civil ni las diversas norman conexas que rigen este régimen, establecen claramente si es de aplicación para los funcionarios de las diversas áreas citadas, razón por la cual procede a concederlo conforme lo dispuesto por esta Junta; esto es tanto para los destacados en el área administrativa como la docencia.

 

“Ahora bien, según puede observarse, el meollo del asunto radica entonces en la determinación de si es posible el reconocimiento de las labores de un administrativo desempeñadas en un centro de educación especial, como laboradas en esta especialidad a fin de llevar a cabo el cómputo de servicio a partir de los 25 años como lo permite la Ley 6997.  Específicamente, el artículo 2 inciso b) de la Ley 2248, permitiría el otorgamiento de un período de 4 meses por cada año laborado en aquellas condiciones.  En este sentido, la Junta fundamenta su decisión en las certificaciones de folios 52, 23 y 54, pese ha que la interesada laboró en puesto adminsitrativo.  Por ello, tomó como divisor el factor 25 y no 30 al reconocer que se desempeñó en esas condiciones.   Por otra parte, la Dirección Nacional de Pensiones sostiene la tesis de que ese beneficio es para los docentes exclusivamente, por tanto no le faculta ese reconocimiento.  En este sentido debe aclararse que si bien el artículo 2 inciso b) y c) de la Ley 2248 refieren un reconocimiento adicional de tiempo de servicio para aquellos servidores que laboren en enseñanza especial, lo cierto es que a partir de su tesitura no se logra determinar con certeza a quiénes corresponde esa calificación.  La Procuraduría General de la República en el dictamen número C-310-84 del 3 de noviembre de 1984, en forma escueta señaló: “De acuerdo con lo anterior, queda en plena evidencia que la razón de ser de la reforma que se analiza fue la de darle un trato preferencial (pensión con menos años de servicio), a los trabajadores de la enseñanza especial en la rama docente, por lo que es preciso concluir que es únicamente a éstos a quienes alcanza.  Por tal razón, respondemos concretamente su consulta en el sentido de que quienes puedan legalmente acogerse a la pensión con veinticinco años de servicio en la enseñanza especial, son exclusivamente, quienes hayan laborado en ésta en cargos docentes...” (el subrayado es nuestro).

       Por su parte el Estatuto del Servicio Civil, en el artículo 136 y siguientes y concordantes, señala que los profesores titulados en enseñanza especial se clasifican en 4 grupos, denominados: ET-4, conformados por quienes además del título de profesor, posean el de Doctor o Licenciado con particularidad en psicología, enseñanza especial o niños excepcionales; ET-3, conformado por aquellos que además del título de profesor, posean el de bachiller en enseñanza especial o sean graduados en esta especialidad o en psicología en la Escuela Normal Superior o en la Universidad de Costa Rica, ET-2, para quienes tengan título de Segunda Enseñanza o Bachiller en Ciencias de la Educación en otra especialidad, siempre que cuenten con experiencia o, en su defecto a falta de estudios mencionados, a la experiencia específica en esta enseñanza durante un período mínimo de 5 años y ET-1, quienes tengan título de profesor de Enseñanza Primaria, siempre que reúnan las condiciones de experiencia, estudios específicos, o la experiencia indicada para los ET-2.  Y en el artículo siguiente, refiere otra nueva calificación (EAU-2 y EAU-1, para los profesionales sin estudios pedagógicos y los comprendidos como ET-2, que no tengan los estudios y experiencia ahí indicados, el primero y, los profesionales comprendidos como ET-1 que no tengan los estudios ni la experiencia que ahí se indican, los segundos.

       En consecuencia, se impone revocar la resolución N°DNP-M-DE-00095-2002 y en su lugar lo resuelto por la Junta, el 11 de julio de 2001.”

 

 

*     ESTADO

0570, Sección Segunda, 9:45 horas del 23/04/99

El Tribunal confirma la resolución de esta Junta número 477, en la que se acoge la revocatoria y aprueba el otorgamiento de una jubilación ordinaria con fundamento en la Ley 7268 en la cual necesariamente se ha de considerar el tiempo servido en otras instituciones del Estado.

 

“Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal, de manera unánime, llega a la conclusión de que el recurrente lleva razón en sus agravios, pues es lo cierto que, aparte del plazo de transitoriedad de dieciocho meses establecido por la Sala Constitucional, no se debe excluir el tiempo servido en otras Instituciones del Estado, ajenas a la educación, para computar el tiempo de servicio.  Ello es posibilidad dada por la Ley, pues es lo cierto que la misma establece con claridad que en el cómputo de los años se han de incluir los servicios que se prestaron en otras instituciones estatales.”

 

0767, Sección Segunda, 8:30 horas del 24/07/00

Al confirmar la declaratoria de una jubilación con arreglo de la Ley 2248, resuelve el Tribunal que puede adicionarse el tiempo servido al Estado y otros patronos, siempre y cuando se haya cumplido con un mínimo de 10 años para el Magisterio Nacional.

 

         “III.- Agréguese además, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 infine de la Ley 2248 y el artículo 1 de la Ley 6799 en relación con el artículo 42 de la Ley 7531, el tiempo servido al Estado u otros regímenes, se podrá conjuntar con el servido en el Magisterio, siempre y cuando éste sea de 10 años como mínimo, lo cual fue acreditado en este caso, porque el actor contabilizó 14 años y 2 meses en la Educación Nacional.”

 

 

0598, Sección Tercera, 10:15 horas del 29/05/01

Al conocer de una apelación con ocasión de la declaratoria de un beneficio ordinario conforme la Ley 2248, sostiene el Tribunal que si los últimos cinco años fueron laborados para la Universidad de Costa Rica y, no se computa el tiempo superpuesto prestado a la Caja Costarricense de Seguro Social, tampoco resulta procedente estimar los salarios percibidos en esta última; no obstante, en virtud de la no reforma en perjuicio, si así lo practicó la Dirección Nacional de Pensiones, debe confirmarse su resolución.

 

“III. Es necesario acotar en éste caso la siguiente situación.  El régimen por el que se pensionó la petente lo es por el Magisterio Nacional, no obstante haber laborado para la Caja Costarricense de Seguro Social, al cual también perteneció.  El artículo 2 párrafo sétimo de la ley 2248 permite reconocer el tiempo laborado para el Estado, pero el numeral es claro cuando señala que el tiempo a considerar es aquel donde se prestó servicios con anterioridad al ingreso o reingreso al servicio docente.  Es por ello que se ha considerado el tiempo laborado en éstas condiciones para el Estado, pero el tiempo acumulado para efectos de la pensión en los últimos años de servicio lo ha sido el laborado para la Universidad de Costa Rica, en donde el petente laboró en forma continúa desde agosto de 1972.  De manera tal que si no ha sido útil computar el tiempo servido en los últimos cinco años para la Caja Costarricense de Seguro Social por cuanto en éste período se ha laborado para la Universidad de Costa Rica, entonces tampoco es útil considerar el salario que en esta institución se ha devengado.  Sin embargo, dado que por resolución DNP-M-DE-6297-97 la Dirección Nacional de Pensiones ya había reconocido al recurrente ambos salarios y dado que en la resolución apelada también se toman en cuenta ambos salarios; éstos son, actos firmes y resolutorios que el Tribunal no puede variar; sin afectar además el principio de la no reforma en perjuicio.  De lo anterior se desprenden las siguiente conclusiones.  No puede tomarse en cuenta lo resuelto en última resolución por la Junta de Pensiones cuando considera otro mejor salario sumando el devengado en ambas instituciones porque va en contra del criterio expuesto.  Debe aprobarse el monto determinado por la Dirección Nacional de Pensiones para no afectar el principio de la no reforma en perjuicio.”

 

0650, Sección Segunda, 10:20 horas del 27/06/01

En el presente asunto, y de manera excepcional sostiene el Tribunal que al haber el Ministerio de Educación Pública, certificado el tiempo laborado por el interesado en SITRACOME, este debe ser contabilizado como servido para el Magisterio Nacional a pesar de haber cotizado para el I.V.M., y en esa inteligencia  el derecho debe ser declarado con arreglo a la Ley 2248.

 

       “Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal, de manera unánime, llega  a la conclusión de que la  recurrente lleva razón en sus agravios.  En efecto, nótese que la gestionante laboró para el SITRACOME y que ese tiempo servido fue debidamente reconocido por el Ministerio de Educación Pública como si fuese al servicio del Magisterio Nacional, así como que durante ese tiempo cotizó para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.  Por ello, tomando en consideración el tiempo reconocido para el Magisterio Nacional, que es de más de veinte años al momento de la vigencia de la Ley 2248, debemos partir de que la trabajadora ha adquirido el derecho de jubilación al amparo de las disposiciones de la Ley citada.”

 

 

0768, Sección Tercera, 9:15 horas del 6/07/01

Refiere el honorable Tribunal que no resulta ajustado a derecho para efectos de pensión, el cómputo del tiempo servido para el Estado como si este fuese laborado en la docencia.

 

“Del documento de folio 49 frente, se aprecia que la Dirección de Pensiones solo incluye el tiempo servido hasta el año de mil novecientos noventa y seis, no considera el laborado con posterioridad hasta setiembre del noventa y nueve, como si lo hace la Junta. 

Tampoco incluye, el brindado para el Estado en el sector no docente, desde el año de 1975 hasta 1991, tres meses cada año y dos meses del año 1992, -posiblemente durante el período de vacaciones- por cuatro años y cinco meses, según detalle de folio 26 frente, como si lo hace la Junta de Pensiones (ver folio 26 frente en relación con folio 5 ibidem y 23 frente).

Del cotejo de los datos que se exhiben a folio 26 frente, con los de folio 27 frente, el Tribunal concluye que la contabilización de dicho tiempo servido en el sector público no decente es improcedente. A folio 24 frente, la Junta incluye como laborado en la docencia, 7 meses y 15 días del año 1971, y a partir del 1972 y hasta 1992, todos los años completos, por lo que los meses laborados para el sector público no docente durante esos años, no se puede registrar nuevamente, como lo hace a folio 27 frente, ya que ello significa una doble cotización, a todas luces improcedente.”

 

0891, Sección Tercera, 8:05 horas del 10/08/01

Una vez más esta Sección del Tribunal refiere que no es posible considerar el tiempo laborado para el Estado, si prestó los servicios con anterioridad al ingreso o en forma simultánea con el del Magisterio Nacional, y correlativamente tampoco el salario.

 

“V. Ahora bien, en cuanto al salario, tenemos que la Junta al reconocer el derecho del petente a disfrutar de una jubilación consideró los salarios que en ese entonces, 13 de setiembre de 1994, devengó el actor en la Universidad de Costa Rica, Universidad Estatal a Distancia y en el Banco Central.  Sin embargo, el tiempo servido en el Banco Central no puede ser tomado en cuanta para efectos de la jubilación, ya que el tiempo laborado en otras instituciones, a la luz de lo que al efecto dispone la ley 2248, sólo puede ser considerado cuando se ha servido antes del ingreso o reingreso del servidor al Magisterio Nacional, lo que no sucedió en el presente caso, en que tales servicios se prestaron en forma simultánea al ejercicio de la labor como educador.  Al no poder considerarse ese tiempo tampoco podrá tomarse en cuenta el salario devengado en esas instituciones para fijar el monto de la jubilación, pues cuando la ley 2248 se refiere al mejor salario, lo es aquél devengado en las instituciones amparadas por ese régimen normativo.  Sin embargo, dado que la Junta consideró el devengado antes de 1994, este tribunal no puede modificar esa resolución por esta vía, lo que perjudicaría al petente, pero tampoco puede acceder a sus pretensiones para que se considere el devengado en marzo de 1995 que fue, según aparece  a folio 64, de cuatrocientos once mil doscientos ochenta colones con noventa y cinco céntimos, aunque sí procede aumentar el monto de su pensión considerando el porcentaje de postergación que ha de ser de  un 17.26% equivalente a tres años y un mes y que suma cuarenta y cuatro mil quinientos setenta y dos colones con cinco céntimos, dado que la pensión se fijó en doscientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve, diferencia en la pensión que deberá ser satisfecha a partir de la separación del cargo, ya que el reclamo lo presentó el 9 de mayo de 1995 y se acogió a partir del 1 de ese mes y año.”

 

1027, Sección Primera, 9:35 horas del 09/08/2002

Para derivar el beneficio ordinario por el Régimen del Magisterio Nacional se requieren 20 años de servicio a este y sumar el total de 30.  No es dable, a criterio del Tribunal, computar toda la labor prestada al Estado para acreditar el derecho de pertenencia, como tampoco agregar más de 10 una vez alcanzado aquel mínimo.

 

“Del análisis del caso, se desprende que la Junta consideró que la gestionante ha prestado servicios por espacio de 29 años, 10 meses y 15 días hasta el 31 de diciembre de 2000, desglosados de la siguiente manera: 15 años para el Ministerio de Educación Pública y 14 años, 10 meses y 15 días para el Estado.  Este razonamiento tiene sustento fáctico en certificación del Ministerio de Educación Pública y del Ministerio de Hacienda, visibles de folios 5 al 13.  La Dirección Nacional de Pensiones, mediante resolución recurrida, fija 178 cuotas, que equivale a 14 años y 10 meses, pues omite sumar tiempo laborado en el Estado, fuera del sector educativo (folios 24 a 28, 63 y 64).  De lo anterior se colige que, la Junta de Pensiones, incurre en error en el cómputo de servicios aplicables para efectos de definir si existe o no el derecho pensión por vejez, al sumar tiempo en el sector público, que no procede, pues no alcanza los veinte años de servicios y cotización en el sector educativo.  Debe advertirse, que tampoco procede sumar más de diez años de servicios públicos fuera del sector educativo, ya que el artículo 42 de la Ley 7531 es restrictivo al respecto, pues sólo permite dicha sumatoria, por un máximo de diez años, para aquellos casos de personas que hayan completado veinte de servicios y cotización por labores en centros docentes, públicos o privados, de manera que no es procedente la sumatoria que hace la Junta de Pensiones.  En cuanto a la Dirección Nacional de Pensiones, ésta se ajusta a los términos de los artículos 41 y 42 de la Ley 7531, por lo que su decisión es conforme a derecho, mereciendo ser confirmada.”

 

1448, Sección Primera, 7:45 horas del 31/10/2002

Sostiene acertadamente el Tribunal, que el tiempo de servicio para el Estado ajeno a la educación, resulta hábil para completar los años exigidos para la jubilación, no así para otorgar porcentaje alguno por concepto de postergación.

 

“Para determinar el tiempo real de servicio y el porcentaje de postergación correspondiente al mismo, es importante hacer el siguiente análisis.  Al servidor se le reconoció un total de 33 años y 10 meses de servicio al 31 de julio de 1999, de los cuales, 10 años fueron laborados en el Estado.   Tal reconocimiento de tiempo estatal de servicio no le corresponde, porque el mismo se puede considerar únicamente para completar los 30 años de labores que requiere para acceder al beneficio con fundamento en el artículo 2, inciso a), de la Ley N° 7268.  En ese sentido, tampoco se le puede otorgar el porcentaje de postergación con fundamento en dicho tiempo de servicio, por cuanto, si bien, el total de servicio supera los 30 años, es lo cierto que el tiempo laborado para el Estado solo podría tomarse en consideración para completar el servicio requerido, no para otros efectos, como lo es el derecho a postergación.-”

 

 

1499, Sección Primera, 13:15 horas del 31/10/2002

El tiempo servido para las instituciones del Estado debe integrarse para efectos de pensión; como lo refiere el fallo, tan sólo el requerido para completar 25 o 30 años según corresponda.  En el caso particular, en actuación precedente la Dirección Nacional de Pensiones lo había considerado parcialmente, posteriormente lo desconoce, lo cual resulta abiertamente contradictorio tal y como lo recoge la sentencia.

 

“Ley aplicable.  Se tiene por demostrado que el recurrente completó un total de 18 años, laborados en DINADECO y para el Estado (Ministerio de Seguridad y Policía).  Aunque éste, no fue cotizado para el régimen de Magisterio Nacional –como se demuestra según certificaciones de folios 4, 6 a 16, y 31-, sino para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.  Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto, y de las pruebas que obran en el expediente, el tribunal arriba a la conclusión de que lo resuelto por la Junta de Pensiones está ajustado a derecho, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, ésta desconoció en su totalidad el tiempo de servicio en la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal (DINADECO) y para el Estado (Ministerio de Gobernación y Policía), cuando lo correcto es que el tiempo laborado y cotizado para el Régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social, sea considerado UNICAMENTE, en la medida en que sea necesario para completar los 25 ó 30 años que se requieren para el otorgamiento del beneficio de marras.  En el caso de estudio, si bien el interesado –en los dieciocho años en cuestión- no cotizó para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con lo recién indicado, y con la aclaración de que esas mismas cuotas deberán estar a cargo del trabajador, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta de Pensiones en la resolución número 598 del 24 de enero de 2001.  Además, es importante hacer notar que precisamente este tiempo de servicio, que ahora la Dirección Nacional de Pensiones desconoce, lo había considerado en forma parcial anteriormente, ya que en resolución DNP-M-0719-97 había computado 23 años, 8 meses y 10 días de servicio hasta 1997 (folio 26), lo cual es contradictorio.  Ante esa situación fáctica descrita, y al tenor de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el voto 6842-99, de las 8:45 hrs del 3 de setiembre de 1999, en relación con el artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, la pensión del petente debe fijarse con los parámetros establecidos por la Ley N° 7531, por tratarse de un derecho adquirido al cumplir veinte años de servicios durante su vigencia, aunque los requisitos para el goce efectivo de la pensión se haya cumplido posteriormente.”

 

1661, Sección Tercera, 10:35 horas del 13/12/2002

Es criterio del Tribunal de Trabajo, que bajo el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, necesariamente las prestaciones económicas deben corresponder a servicios prestados a la educación; no obstante, al haber reconocido la Dirección Nacional de Pensiones ingresos en otras dependencias del Estado, no puede modificarse esta determinación a efecto de no incurrir en una reforma en perjuicio.

 

“El monto correcto es inferior al que determinó la Dirección Nacional de Pensiones, ya que el salario de la Caja Costarricense de Seguro Social no debe considerarse, por cuanto ha sido criterio reiterado que el único salario que se considera para fijar el monto de la pensión es el devengado en el Magisterio Nacional, pero como la Dirección Nacional de Pensiones lo consideró, así se mantiene para no reformar en perjuicio.”

 

1671, Sección Primera, 8:00 horas del 20/12/2002

Las labores desarrolladas en el Departamento de Carrera Docente del Ministerio de Educación Pública, adscrito a la Dirección General de Servicio Civil, no pueden computarse como prestados a la docencia, a efecto de derivar una pensión por el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.

 

       “IV.  La señora (...), labora para el Ministerio de la Presidencia, concretamente en la Dirección General de Servicio Civil, desarrollando sus labores en el Departamento de Carrera Docente del Ministerio de Educación.  En esas circunstancias, considera este Tribunal, no tiene derecho a beneficiarse del Régimen de Pensiones del Magisterio Nacional, por no encontrarse su situación comprendida dentro de la normativa ya transcrita.  Véamos:  No ha servido cargos de docencia, conforme a los términos del artículo 54 del Estatuto del Servicio Civil pues no pueden sus actividades encuadrarse dentro de quienes imparten clases, o realizan funciones técnicas de la docencia, o haya ocupado puestos “para cuyo desempeño se requiera poseer título o certificado que acredite para ejercer la función docente de acuerdo con el Manuel Descriptivo de Puestos”.  Tampoco se trata de personal administrativo del Ministerio de Educación, porque conforme a lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 1381-P-E los funcionarios de la Sección Docente de la Dirección General de Servicio Civil, dependen tanto en los aspectos administrativos como técnicos de la Dirección General del Servicio Civil, finalmente, no ha sido funcionaria del Instituto Nacional de Aprendizaje.  Es evidente entonces, que su caso no se encuentra dentro ámbito de cobertura establecido en el artículo 34 de la Ley 7531, toda vez que no se ha desempeñado en el Magisterio Nacional, según el marco de referencia dispuesto por los artículos 8 y 35 de aquella ley.  En apoyo de su derecho la señora (...), invoca jurisprudencia de la Sección Tercera de este Tribunal.  Sin embargo, esta Sección no comparte aquel criterio, porque se sustenta en el artículo 116 de la Ley de Educación, numeral que no es de aplicación para efectos de otorgar pensiones bajo el Régimen de Reparto establecido por la Ley 7531, toda vez que aquellas actividades de enseñanza descritas en esa norma, no fueron comprendidas en forma expresa en el artículo 8 de este último cuerpo normativo.  Ante esa situación, no es posible admitirlas porque se estaría interpretando en forma amplia, cuando el artículo 29 obliga a interpretar de manera restrictiva, y en favor del fondo de pensiones.  Así las cosas lo procedente es confirmar la resolución apelada.”

 

 

*     EMPRESA PRIVADA

076, Sección Tercera, 13:50 horas del 15/01/99

Avala el Tribunal el reconocimiento del beneficio de postergación y el reconocimiento de tiempo de servicio laborado para la empresa privada, en una pensión ordinaria con base en la Ley 7268.

 

“Ahora bien, las diferencias en el cómputo del tiempo servido correspondiente a la postergación ya dicha, estima este Tribunal que las mismas dimanan en perjuicio del recurrente de no haber tomado en cuenta, la Dirección Nacional de Pensiones, los dos meses laborados por el petente en mil novecientos noventa y siete y al haber desconocido el tiempo que el mismo laboró en la empresa privada.  En punto a dichas circunstancias, no existe motivo alguno por el cual no pueda reconocerse el tiempo efectivamente postergado, tanto más si se tiene en cuenta que dicha posibilidad la ofrece el artículo 42 de la Ley 7531 y que también es posible que las cuotas aportadas a otros regímenes pueden ser trasladadas al de Pensiones del Magisterio Nacional con lo cual no se desmejora dicho sistema, pues de lo contrario, se desnaturalizaría el fin que tiene la norma, al dejarse de reconocer los esfuerzos realizados precisamente con la intención de mejorar el monto jubilatorio.”

 

0462, Sección Tercera, 7:55 horas del 07/05/99

Nos dice el Tribunal en este fallo que resulta imperativo por beneficioso la aplicación del artículo 42 de la Ley 7531 a efecto de completar el tiempo de servicio y acceder cualesquiera de los beneficios por el régimen del Magisterio Nacional, acreditando las labores en la empresa privada.

“La normativa contenida en el artículo 42 de la Ley 7531 actualmente en vigencia, permite por ir en beneficio del Trabajador, aplicar en forma retroactiva, el reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada, y mediante el cual la apelante cumple con los requisitos  contemplados en la Ley 7268 y sus reformas, para acceder al beneficio jubilatorio con base en el promedio de los doce mejores salarios de los últimos veinticuatro servidos, tal y como lo dispuso la Junta de Pensiones del Magisterio.”

 

1186, Sección Primera, 10:35 horas del 30/09/99

Al confirmar la resolución de la Dirección que no computa el tiempo servido con la empresa privada para una revisión de pensión extraordinaria, sostiene el Tribunal que ello resulta procedente sólo en aquellos casos que demuestre 20 años de labores para el Magisterio Nacional.

 

“La diferencia entre las dos Instituciones encargadas de conceder la pensión a la gestionante, es por cuanto la Junta de Pensiones reconoce a la actora el tiempo servido en la empresa privada y la Dirección Nacional de Pensiones no realiza de esa forma el cómputo.  Consideramos que lo correcto en este caso, es la resolución dictada por la Dirección Nacional de Pensiones, por cuanto el reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada, es posible agregarlo, solamente cuando se ha laborado veinte años en educación y sector público, para completar el período necesario para hacerse acreedor al beneficio.  (art. 42 Ley 7531)  Tratándose en este caso de una pensión extraordinaria y no teniendo la actora el número de veinte años servidos en las condiciones indicadas supra, no es posible acceder al reconocimiento en la forma cómo lo pretende la recurrente.”

 

1506, Sección Segunda, 8:50 horas del 24/11/99

Manifiesta esta resolución que conoce de la apelación a una revisión de pensión extraordinaria declarada por la Junta y desaprobada por la Dirección, que debe ser computado íntegramente el tiempo servido para la empresa privada, aún cuando supere el prestado para el Magisterio Nacional y que no alcanza  un mínimo de 20 años como requisito previo, tal y como se ha considerado en otros fallos.

 

       “La Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional por su parte mediante resolución # 73 acordada en Sesión Ordinaria # 6-99, celebrada a las nueve horas treinta minutos del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y nueve, otorgó jubilación ordinaria a la apelante en la suma de …, partiendo que prestó sus servicios por un espacio de veintiséis años y seis meses hasta el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y ocho, desglosados así: doce años y tres meses laborados en el Ministerio de Educación Pública; incluyendo seis meses por aplicación del artículo 32 y catorce años y tres meses en la empresa privada.

De lo anterior se concluye que lleva razón la apelante en cuanto que la Dirección Nacional de Pensiones no le tomó en cuenta el total del tiempo servido en la empresa privada. En consecuencia fue la citada Junta la que efectuó los cálculos correctos en cuanto al tiempo servido y el monto que pudiera corresponderle mensualmente por el beneficio solicitado, efectuándose claro está los rebajos de lo adeudado al fondo.-”

 

0511, Sección Segunda, 8:35 horas del 29/05/00

Se avala por el honorable Tribunal la contabilización de todo el tiempo servido para el Estado a partir de la tesis de patrono único, así como el prestado en la empresa privada.

 

“Bien hace la Junta al contabilizar la totalidad del tiempo servido para el Estado, pues es lo cierto que debe imperar la tesis, reiterada a

nivel jurisprudencial, del Estado patrono único.  Ello es lógico, máxime si consideramos que en el caso del servicio en la empresa privada también esta autorizado su reconocimiento como ya lo hemos señalado en fallos similares."

 

0750, Sección Tercera, 9:45 horas del 11/08/00

Concluye el honorable Tribunal que resulta ajustado a derecho el reconocer el tiempo servido en empresa privada, mas no así el utilizar los salarios de ese sector a efecto de establecer un mejor salario según los términos de la Ley 2248.

 

“Nótese, además, que la ley 2248, reformada por la ley 6997 del 26 de agosto de 1985, en su artículo 2 establece cuáles servidores pueden acogerse a una Pensión Ordinaria, y de la referencias que se hace a las personas que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, a las que presten servicios en el extranjero, en forma transitoria en asuntos de interés para la educación nacional , se concluye que el mejor salario a que el artículo 4 de la ley 6997 del 27 de agosto de 1985, que reforma la 2248 citada, lo es en puestos prestados al servicio de la educación, aunque sea en instituciones privadas, por lo que no es posible acceder a las pretensiones del servidor (…).”

 

1146, Sección Tercera, 08:15 horas del 24/11/00

Sostiene el Tribunal que si bien resulta procedente adicionar el tiempo laborado en la empresa privada, ello lo será para completar el total exigido para el beneficio ordinario, toda vez de que el exceso no puede fundamentar postergación alguna.

 

“De los documentos a folios 35 y 36 se tiene que el tiempo laborado, al treinta de abril de mil novecientos noventa y nueve es de treinta años y dos meses.  Pero en este recuento que realiza la Junta, incluye el tiempo laborado en la empresa privada por cinco años y siete meses.  En efecto es posible el reconocimiento del tiempo laborado en la empresa privada; sin embargo lo será con las limitantes que establece el artículo 42 de la ley 7531, sea para completar el número de cuotas requerido para la jubilación.  De ahí se concluye que no es posible hacer el reconocimiento de todo el tiempo laborado en la empresa privada, por el señor (…), a fin de reconocerle postergación, sino sólo el suficiente para completar los treinta años de servicios requeridos por la ley 7531.”

 

1147, Sección Tercera, 08:20 horas del 24/11/00

Reitera este fallo la imposibilidad de operar la postergación generada por el reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada; este es posible tan solo para completar.  Además nos dice que de aplicarse la postergación de la Ley 7268, correlativamente debe sujetarse al tope que se estable en su artículo 9.

 

“En el mismo orden de ideas, la Junta le toma en cuenta el tiempo que la petente laboró en la Empresa Privada, lo cual es incorrecto.  Si bien es cierto, es posible computar el tiempo laborado en la empresa privada, lo es sólo para completar el tiempo que exige la ley para adquirir el beneficio jubilatorio.  Esto así porque ni la ley 2248 ni la 7268 establecen esa posibilidad, sino la ley 7531 pero con una limitante.  El artículo 42 de ésta última ley prevé esa posibilidad, pero claramente señala que lo es para completar.  Si en el caso de marras, doña (…) no requiere del tiempo que laboró para la empresa privada para completar los treinta años de servicio, mal se haría si le reconoce.  De lo anterior se concluye que no es posible tampoco otorgarle postergación por un tiempo laborado para la Empresa Privada.  El reconocimiento de postergación que se hace al tenor de la ley 7268, artículo 9 se aplica por retroacción beneficiosa por cuanto el mejor salario de la petente es inferior al salario de un Catedrático Universitario con treinta aumentos anuales, por lo que cualquier suma que adicionalmente se le reconozca vendrá a aumentar el monto de su jubilación.  La norma del artículo 9 establece que se reconocerá un porcentaje de postergación pero a la vez lo limita al salario de un Catedrático Universitario con treinta anuales; por lo que procede en esta instancia otorgar el beneficio de postergación pero con el limite dicho.”

 

1178, Sección Tercera, 08:00  horas del 01/12/00

Reitera el Tribunal su línea de pensamiento en el sentido que es posible computar el tiempo en la empresa privada para completar el mínimo de años exigido, siempre y cuando se acrediten 20 años de servicio al Magisterio Nacional.

 

       “CUARTO:  Respecto a si el petente ha cumplido los requisitos para optar por una jubilación, tenemos que decir que no es posible conceder éste beneficio, porque tales requisitos no se han cumplimentado.  Veamos, de  los treinta y siete años que la Junta contabiliza para conceder el beneficio, diecisiete años con ocho meses lo son para la Empresa Privada y esto no es posible.  El régimen de la Ley 7531, que es a la que podría tener acceso el señor (…), establece en su artículo 42, que para completar los requisitos de cotización, al mínimo de doscientos cuarenta cuotas aportadas necesariamente al régimen del Magisterio se podrán sumar las cotizaciones realizadas a cualquier otro régimen contributivo incluido el de la Caja Costarricense de Seguro Social.  De manera tal que si el petente sólo cuenta con diecisiete años y siete meses de servicio para la Universidad de Costa Rica a setiembre de mil novecientos noventa y siete, no ha cumplimentado aquellas doscientos cuarenta cotizaciones al Magisterio, que es el equivalente a veinte años de servicio, para poder tomar en cuenta las cotizaciones en otros regímenes.  En el mismo orden de ideas, tenemos que si bien a folios 56 y 57 se tiene que el señor (…) laboró más allá del noventa y siete, no lo hizo en tiempo suficiente para completar esos veinte años de servicio que como vemos exige la Ley 7531.  Exactamente lo hizo hasta febrero de mil novecientos noventa y ocho (ver mismo documento) habiendo laborado solamente cinco meses más.”

 

1179, Sección Tercera, 08:05 horas del 01/12/00

En forma diáfana nos indica el Tribunal que una vez completados los años de servicio requeridos por el régimen del Magisterio Nacional, debe despreciarse el tiempo en la empresa privada.

 

       “QUINTO:  La Junta de Pensiones del Magisterio Nacional le reconoce a la señora (…), además del tiempo a que se alude en el considerando anterior, el tiempo laborado en la Empresa Privada, por cinco meses.  Si embargo, esto no es posible ya que la petente no necesita ese reconocimiento para completar los requisitos de tiempo de servicio.  La Empresa Privada ser reconoce por disposición de la Ley 7531, artículo 42; cuando tal disposición sea una aplicación retroactiva en forma beneficiosa.  Pero no puede irse más allá de lo que la norma establece, el artículo de referencia claramente señala que tal reconocimiento lo será para completar el número de cuotas que requiere la Ley 7531 y siempre que se tengan al menos doscientos cuarenta cuostas.  Si ya con el tiempo reconocido en la educación nacional y en el Estado, la petente reune y va más allá de los treinta años que la Ley 7268 le exige, entonces no requiere del reconocimiento del laborado en la Empresa Privada.”

 

 

1221, Sección Tercera, 09:00 horas del 11/12/00

Señala de manera tajante el honorable Tribunal en esta resolución, que el tiempo servido para la empresa privada no resulta computable para alcanzar los 20 al servicio del Magisterio Nacional, sino que es susceptible de contabilizar a partir de la acreditación de los 20 años que generan el derecho de pertenencia al régimen.

 

“Siendo esta la situación, conviene analizar la prueba que obra en el expediente a fin de verificar esta situación.  Del documento a folios 32 a 33 se tiene que el tiempo laborado, a mayo de mil novecientos noventa y tres no alcanzan esos veinte años a que se ha hecho referencia.  El criterio de la Junta es que el petente sí alcanzó esos veinte años ya que suma los años de servicio para la Empresa Privada, lo cual no es razonable ni acorde con las resoluciones del la Sala Constitucional.  Si estamos hablando de pertenencia en un régimen es precisamente eso, haber laborado y cotizado para un régimen determinado, porque es precisamente esa permanencia en el régimen la que le da derecho a que el beneficio le sea concedido al amparo de esa norma.  De manera que sólo el razonamiento anterior es suficiente para concluir que el petente no adquirió ningún derecho de pertenencia a la ley 2248, ya que a los treinta años y ocho meses que computa la Junta habría que rebajar los trece años y tres meses laborados en la empresa privada y cotizados para otro régimen diferente al del Magisterio, para comprobar que no reunió aquellos veinte años.  A ese momento sólo reunía un poco más de los diecisiete años, lo cual hace concluir que para el momento en que dejó de tener vigencia la ley siguiente, la 7268, el petente sí había acumulado los veinte años que le dan derecho de pertenencia al amparo de ésta última ley.”

 

0110, Sección Tercera, 11:55 horas del 24/01/01

Sostiene el honorable Tribunal que la Junta actúa incorrectamente cuando, a partir del reconocimiento el tiempo servido en la empresa privada, se superan los 25 ó 30 años exigidos para la jubilación ordinaria y, en esa inteligencia, adiciona el beneficio de la postergación.  Debe entenderse de la referencia que la vía que establece el artículo 42 de la Ley 7531 es sólo para completar los años requeridos, no para postergar. En el caso que nos ocupa, señala la instancia que tal situación no puede reversarse en razón que en la anterior revisión se practicó en esos términos, lo cual constituye un derecho adquirido.

 

       “III. De la confrontación de los documentos de folios 105 a 107, 110, 116, y 123 a 125 se extrae que en la última oportunidad en que se resolvió administrativamente sobre el monto de la pensión, no se utilizó el dato correcto del salario del mes de junio de 1998, considerado como el mejor de los últimos cinco años servidos.  En efecto, en la última resolución dictada por la Dirección (ver folios 99 y 100), se consideró que el sueldo de referencia era del orden de trescientos sesenta y cinco mil setecientos veintiocho colones diez céntimos, cuando de la documental de folios 109 a 110, se desprende que fue realmente de trescientos setenta y cinco mil setecientos veintiocho colones con diez céntimos.  Ahora bien, revisando las actuaciones de las instancias predecesoras, se aprecia que la Junta acierta al utilizar como factor el salario real de junio de 1998 (ver folio 122), mas yerra al incluir la suma de cien mil cincuenta y seis colones con treinta y nueve céntimos, en concepto de porcentaje de postergación equivalente a un veintiséis punto sesenta y tres por ciento.  De esa sumatoria, la Junta concluye que corresponde al promovente el derecho a una mensualidad por su jubilación, de cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro colones.  El error señalado consiste en que, para totalizar y superar los treinta años de servicio, se incluyó tiempo servido en la empresa privada.  Sobre el particular, debe estarse la Junta a la disposición del artículo 42 de la ley 7531, que contempla la posibilidad del traslado de cuotas, únicamente con el fin de alcanzar las tres décadas de servicio, y con un mínimo de veinte años de labor en el ramo de educación.  Luego, el quantum de la pensión sometida a revisión, en aplicación estricta de la ley, debería ser únicamente el monto del salario devengado en junio de 1998, sea, trescientos setenta y cinco mil setecientos veintiocho colones diez céntimos (más cualquier otro rubro de naturaleza retributiva o salarial) pero no el beneficio de postergación, porque realmente el funcionario no pospuso su retiro cuando alcanzó el tiempo requerido por ley (artículo 9 de la ley 7269 de diecinueve de noviembre de 1995 (sic)).  Sin embargo, siendo que con anterioridad se había resuelto a favor del recurrente una gestión de revisión, en la que se concedió un monto mayor al aquí establecido (exactamente cuatrocientos cincuenta y ocho mil un colones por mes), no queda más opción que confirmar la resolución vendida en alzada, por respeto a los derechos adquiridos del impugnante.”

 

 

0655, Sección Tercera, 8:10 horas del 14/06/01

Al abordar el tema de la postergación y en reconocimiento del tiempo servido en empresa privada, nos dice la Sección Tercera del honorable Tribunal, que el segundo extremo es propio incorporarlo para completar el mínimo requerido a efecto de declarar el beneficio ordinario, mas resulta insubsistente para reconocer postergación.

 

“IV-En cuanto al reconocimiento de postergación debe acotarse lo siguiente.  De conformidad con la ley 7531, el reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada, lo es para completar las cuotas necesarias a efectos de disfrutar del beneficio jubilatorio pero no para excederlo.  Entonces el tiempo que prestó en la empresa privada, sólo ha de ser estimado para completar los treinta años necesarios de servicio, pero no para optar al disfrute de la jubilación, ya que ello proceder cuando se preste tiempo adicional a la eduación pública.”

 

0732, Sección Tercera, 8:45 horas del 28/06/01

Nos dice esta sentencia que el tiempo en empresa privada resulta hábil para completar el requerido para accesar a la jubilación ordinaria, mas no para practicar sobre el reconocimiento de postergación; empero, si la Dirección Nacional de Pensiones sí lo estimó, al toral de la no reforma en perjuicio, no puede variarlo esa respetable instancia.

 

“V. Ahora bien, la Junta le reconoce por postergación un 8.89%, que corresponde a un año y siete meses laborados demás, y reconoce como servidos un año y ocho meses laborados para la empresa privada, lo que no es correcto.  En efecto, el artículo 42 de la Ley 7531, autoriza el reconocimiento del tiempo laborado en la empresa privada pero sólo para efectos de completar el número de cuotas requerido para acceder a una jubilación por vejez, no para efectos de postergación, de allí que al apelante, hasta setiembre de 1999, no es dable reconocerle algún porcentaje por postergación.  Sin embargo, dado que la Dirección Nacional de Pensiones reconoce ese tiempo no es dable modificarlo en esta vía.”

 

0743, Sección Tercera, 9:40 horas del 28/06/01

El artículo 42 de la Ley 7531, a criterio del Tribunal, posibilita el reconocimiento del tiempo servido en empresa privada para efectos de la jubilación ordinaria de manera exclusiva; razón por la cual no resulta ajustado a derecho esa adición entratándose de pensiones extraordinarias y, en esa inteligencia, fijar una mayor proporción de la prestación.

 

“CUARTO:  El punto medular de lo debatido es sin lugar a dudas la procedencia del reconocimiento de Empresa Privada.  En efecto, a través del artículo 42 de la ley 7531 es posible hacer tal reconocimiento; incluso por aplicación de la retroacción beneficiosa de la norma, para aquellos beneficiarios al amparo de las leyes 2248 o 7268.  Sin embargo, dicha norma es clara en que tal reconocimiento lo es con referencia al numeral 41 de esa ley, sea para las prestaciones por vejez y no para las extraordinarias; porque de lo que se trata es de completar las cuotas que son requeridas en ese tipo de prestaciones.  En el caso de marras, no es necesario completar nada porque el beneficio se calcula tomando en cuanta el salario de referencia en proporción a los años servidos.  De manera que no es posible reconocer el tiempo laborado para la Empresa Privada, en tanto el beneficio sea extraordinario.”

 

 

883, Sección Tercera, 10:35 horas del 03/08/01

Al igual que en otras oportunidades el citado Tribunal insiste en que el tiempo servido en la empresa privada es susceptible de ser considerado, sin embargo para completar el tiempo de servicio únicamente, de ahí que se confirma la resolución de esta Junta para que se reconozca, pero se revoca en cuanto otorga postergación fundado en ese período. 

 

       “IV- En cuanto al reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada, ello lo es exclusivamente para completar el tiempo necesario, no para excederlo. Así lo establece el artículo 42 de la Ley de Pensiones 7531, que es la que lo permite.

       De acuerdo con el detalle de tiempo servido, que exhibe la Junta de Pensiones a folio 20 frente, ella registra 31 años y 5 meses de servicio, incluído en ello 1 año y 5 meses de servicio en la empresa privada, los que como se indica solo han de ser admitidos para completar los treinta años de servicio requerido, resulta improcedente la contabilización de esas labores en el sector privado, por lo que debe restarse ello, con lo cual se obtienen sólo treinta de servicio.”

 

 

 

1453, Sección Tercera, 10:20 horas del  5/12/01

Aún cuando resulta tema conocido, recuerda el honorable Tribunal que si bien la Ley 7531 posibilita el sumar la labor en la empresa privada, a efectos de completar el tiempo de servicio exigido  para acceder a la jubilación, ese no puede adicionarse con la finalidad de acreditar los 20 al Magisterio Nacional.

 

“IV. Al respecto es necesario acotar que según se desprende de la información contenida en los folios 74 y 14 y 15, así como con los cálculos de folios 45 y siguientes, para el 18 de mayo de 1993, el recurrente no había completado los veinte años de servicios requeridos en el Magisterio Nacional, ya que los años servidos en la empresa privada no pueden ser considerados para efectos de pertenencia. En consecuencia, la ley que ha de regir el derecho jubilatorio del petente es la 7268, según ya lo había ordenado este Tribunal, por lo que la resolución impugnada debe ser confirmada.”

 

527, Sección Segunda, 9:35 horas del 06/05/2002

Para sumar el tiempo total de servicio que exige la ley de cara a la declaratoria del beneficio ordinario, conforme el artículo 42 de la Ley 7531, se le sumarán las cuotas aportadas a cualquier otro régimen contributivo obligatorio de pensiones, habida cuenta que según lo posibilita el artículo 34 de la Constitución Política, las normas posteriores debe aplicarse cuando generen beneficio.

 

“III.- Estudiado el asunto se determina, que la inconforme lleva razón y que el tiempo servido en la empresa privada debe ser tomado en cuenta para el cálculo de la pensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 7531.  Establece esa norma, que después de 240 cuotas aportadas al régimen del Magisterio, se le sumarán todas aquellas cuotas aportadas a cualquier otro régimen contributivo, obligatorio o público de pensiones, incluso el de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja. Esta tesis resulta coherente con el artículo 34 de la Constitución Política, pues de acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el efecto retroactivo no está permitido cuando resulte ser perjudicial al ciudadano, pero si lo favorece más bien debe ser aplicado.  En cuanto al tiempo servido en el Colegio de Iribo, también debe ser reconocido, porque incluso el mismo Ministerio de Educación Pública, lo acredita como tiempo servido en el Magisterio Nacional, según documento de folio 59.  Por ende, debe reconocerse a la reclamante, el tiempo servido en la empresa privada, en el Estado y en el Colegio de Iribo, para efectos de calcular la pensión, como lo dispuso la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional.”

 

871, Sección Primera, 8:20 horas del 12/07/2002

El reconocimiento del tiempo servido en la empresa privada fuera del sector educativo, al posibilitarlo así el artículo 42 de la Ley 7531, se suma una vez que el beneficiario cuente con 20 años para el Magisterio Nacional, a efecto de alcanzar 25 o 30 y declararle la jubilación ordinaria; mas no resuelta procedente para incorporar suma por concepto de postergación.

 

“En cuanto al tiempo de servicios y su cómputo para postergación, conviene hacer dos aclaraciones: 1) que el tiempo de servicios en la empresa privada o en el sector público, fuera del sector educativo, por disposición del artículo 42 de la Ley 7531, sólo es posible considerarlo, cuando una persona tiene más de veinte años de servicios en educación; 2) que esos servicios sólo pueden considerarse para completar 30 años de servicios, o 25 si estamos ante los casos de excepción previstos por la Ley, a efecto de pensionarse en forma ordinaria; y 3) que, por lo tanto, no pueden tener influencia en aumentos por postergación; de manera que, si una persona tiene suficientes servicios en educación, aunque tenga acumulados servicios en la empresa privada o en entidades públicas, fuera del sector educativo, no es posible computarlos para fijar la pensión, pues esto iría contra el fin del artículo 42 de la Ley 7531 y equivaldría darle postergación por efecto de reconocer esos servicios, lo que no se ajusta al espíritu de la ley que estableció este tipo de aumentos para las pensiones del Magisterio Nacional.  En consecuencia, como en este caso la Junta sumó seis meses y la Dirección Nacional de Pensiones 8 meses, de labores en la empresa privada, lo que es contrariando lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley 7531, debe excluirse, del cómputo, esos servicios.”

 

1496, Sección Tercera, 8:40 horas del 7/11/2002

Confirma el Tribunal la declaratoria del beneficio por vejez bajo los términos de la Ley 7531, para lo cual señala que cumplidos los 20 años del derecho de pertenencia, puede sumar las cuotas enteradas a otro régimen, las que no son hábiles para incorporar el rubro postergación.

 

 

 “IV.  Al respecto es preciso acotar que la petente para el mes de mayo del año 2001 registra un total de 20 años, 3 meses y 28 días laborados para la Universidad de Costa Rica, por lo que si reúne la 240 cuotas necesarias para optar por la prestación por vejez según el artículo 41 de la Ley 7531.  Además y de conformidad con el transitorio V, para esa fecha necesitaba 368 cuotas, las que completa con el tiempo servido en la empresa privada, las que de conformidad con artículo 42 de esa misma Ley, se le reconocerá únicamente para ajustar el tiempo necesario para optar por el beneficio.  Así que lo procedente es aprobar lo resuelto por la Junta de Pensiones, pero sin postergación.”

 

 

*     FRACCIONES

0239, Sección Primera, 9:30 horas del 23/02/99

De todos es conocido que la determinación de la prestación en las pensiones extraordinarias se practica en forma proporcional; esto es, con vista de los años que se tienen como servidos.  En el caso particular nos dice el Tribunal que para los anteriores efectos, las fracciones mayores o iguales a seis meses deben considerarse como un año entero.

 

“En el expediente se constata que a la actora le dieron la pensión con sustento en la Ley 2248 y la revisión se hizo, tanto por la Junta como por la Dirección, con base en esa misma Ley.  La diferencia entre ambos órganos obedece al monto de años por los que se multiplicó el cociente, ya que la Junta multiplicó por veintinueve años, computando la fracción mayor de seis meses como año completo; mientras que la Dirección computó veintisiete años, cuatro meses y veintitrés días.  Es claro que lo correcto es lo dispuesto pro la Junta, ya que la Dirección incurrió en error de cálculo.”

 

1143, Sección Primera, 9:15 horas del 17/09/99

Al confirmar el Tribunal la declaratoria de la jubilación ordinaria efectuada por la Junta con base en la Ley 7268, con un tiempo de 25 años, 6 meses al año de 1996, de los cuales más de 10 se prestaron en zona incómoda e insalubre, así como el laborado para la empresa privada, se detalla de manera precisa la cantidad de 19 años y 8 meses para el Ministerio de Educación Pública.  Aún cuando debe entenderse que consiste en un fallo particular, debe resaltarse la armónica integración que efectúa esa instancia cuando, al posibilitarse derivar el beneficio con 25 años, necesariamente la exigencia de los 20 al Magisterio Nacional debe ceder; claro está, bien puede afirmarse que 19 y 8, por ser fracción superior a 6, debe computarse como completo.

 

“Como puede notarse, la actora cumplió con 25 años seis meses y siete días al año de 1996, pues laboró durante diecinueve años 8 meses y siete días en el Ministerio de Educación Pública, aplicándosele 4 meses en virtud de lo señalado en el artículo 32 de la ley 2248 citada y cinco años tres meses que laboró en la empresa privada.  Este tiempo servido fuera del Magisterio Nacional, debe computarse en aplicación del artículo 42 de la ley 7531 que permite sumar las cotizaciones hechas al régimen de invalidez vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, para completar las cuotas necesarias para hacerse acreedor al beneficio.  Por lo anterior, debemos concluir que el cálculo hecho por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es el correcto y por ello, la resolución respectiva debe ser confirmada.”

 

 

0710, Sección Tercera, 8:15 horas del 04/08/00

Si bien las Leyes 2248 y 7268 señalan que para efectos de pensión, diecinueve años y seis meses o fracción mayor, deben sumar 20, refiere esta sentencia que para aplicar la Ley 2248 deben acreditarse 20 años de servicio al 18 de mayo de 1993, por lo que en el caso particular al contar con 19 años, 6 meses y 2 días, no se satisface ese requisito.

 

“Para tener derecho a pensionarse con la ley 2248 la petente beneficiario tiene que registrar al 18 de mayo de 1993, un total de veinte años adscrito al régimen respectivo.  En el presente caso, como se observa del cálculo del tiempo servido, al folio 61 frente, efectuado correctamente por la Junta de Pensiones, a esa fecha, la apelante registra 19 años 6 meses y dos días, insuficientes para jubilarse con base en la citada normativa, pero como para la que le sucedió, sea la 7268 si tiene evidentemente más de 20 años es con esta con la que debe serle reconocido el derecho a su jubilación, o sea con base en el promedio de los doce mejores salarios de los últimos veinticuatro servidos, y con el derecho a la postergación respectiva dentro de los límites en ella contemplados.”

 

0802, Sección Primera, 08:35 horas del 14/09/00

Sostiene el referido Tribunal la novedosa interpretación que para la determinación de la aplicación del Convenio 102 de la O.I.T., debe atenderse lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248, esto es, que en esos 20 años de pertenencia a un Régimen, al sumar el tiempo de servicio la fracciones de un año que resulten se computarán por años enteros si son de seis meses.  En el caso particular al haber la interesada alcanzado 19 años, 7 meses y 18 días, dicho cómputo debe redondearse a la suma de 20 años.

 

       “II.- Del análisis del caso se corrobora, que el meollo del asunto, se circunscribe a determinar el tiempo real de servicio, antes del 18 de mayo de 1993, fecha hasta la cual estuvo en vigencia la ley No. 2248, para a partir de ahí determinar si a la gestionante le es aplicable el Convenio No. 102 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la norma mínima de seguridad social y la llamada pertenencia al régimen e igualmente, ya que ambos órganos hacen un computo diferente.  Así las cosas, en cuanto punto aquí a resolver, se debe indicar que, atendiendo al estudio técnico, elaborado por la Junta, y que consta a folios 92, el cual es ratificado por el cálculo de tiempo visible a folio 89 y 90, se debe concluir, que la recurrente laboró, al 18 de mayo de 1993, por espacio de 19 años, 7 meses y 18 días, por lo tanto dicho cómputo, debe “redondearse” a la suma de veinte años, al amparo de lo dispuesto en el artículo 5 de la ley No. 2248, que dispone que: “si al sumar el tiempo de servicio, las fracciones de un año que resultaren se computarán por enteros sin son de seis meses y se despreciarán si fueren lapsos menores”.  Desde ese punto de vista, es claro entonces, que el cálculo correcto del tiempo servido es el que hace la Junta y no el de la Dirección de Pensiones, la que en forma injustificada, no toma en cuenta ni el tiempo laborado en la empresa privada, ni hace la suma correcta en aplicación del artículo 32 al no tomar en cuenta el tiempo servido en zona insalubre y en el horario alterno, por lo que se debe aprobar lo actuado por la Junta y Revocar lo dispuesto por la Dirección.”

 

1236, Sección Segunda, 09:05 horas del 17/11/00

Se determina en la presente resolución, que en la determinación de los 20 años de pertenencia a un régimen, se debe atender lo dispuesto en el artículo 5 y 7 de las Leyes 2248 y 7268 respectivamente, y en los que se consagra la posibilidad de que las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros si son de 6 meses, lo que provoca que si un interesado alcance 19 años, 6 meses bajo el amparo de un régimen, su prestación debe ajustarse a ese cuerpo normativo.

 

       “III.- Si bien es cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la Ley 2248, la promovente no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años, 6 meses y 3 días.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 y el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y se despreciaran si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues la reclamante tiene una fracción de 6 meses, la cual debe computarse como un año completo.  Por lo que, en conclusión, la reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.  Por lo tanto, es con fundamento en esta ley que se le debe conceder la pensión, en atención al fallo de la Sala Constitucional transcrito, el que resulta vinculante para este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

 

1260, Sección Segunda, 08:45 horas del 24/11/00

Nos señala el honorable Tribunal, que la fracción igual o mayor a 6 meses e inferior al año, después de 19 al servicio del Magisterio Nacional, posibilita la aplicación del artículo 29.2 del Convenio 102 O.I.T..

 

“III.   Examinado el contenido del memorial de folio 41 y el libelo de instrucción del recurso, sin lugar a dudas este órgano jerárquico impropio arriba al válido convencimiento que el beneficio pretendido debe otorgarse con sustento en la Ley 2248, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a) del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.  En nuestro criterio, durante el período de vigencia de la Ley 2248, la impugnante realmente acumuló un tiempo de servicio que por aplicación del artículo 5° de esa misma Ley, alcanzó los veinte años requeridos por la citada normativa jurídica, dado que al dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres cuenta con más de diecinueve años y ocho meses de servicio laborados para el Ministerio de Educación Pública.”

 

1332, Sección Segunda, 08:40 horas del 07/12/00

En forma precisa indica el honorable Tribunal que las fracciones de tiempo de servicio iguales o superiores a seis meses, deben computarse para todo efecto de pensión y jubilación, como años enteros.

 

       “III.- Si bien es cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la Ley 2248, el interesado no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años, 9 meses y 18 días.  Ahora bien , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y se depreciarán si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues el reclamante tiene una fracción de 9 meses y 18 días, la cual debe computarse como un año completo.  Por lo que, en conclusión,  el petente logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.”

 

0032, Sección Segunda, 08:40 horas del 15/01/01

Las fracciones inferiores de un año que resulten iguales o superiores a seis meses, se computarán por años enteros para efectos de pensión y, en forma particular, para acreditar los 20 que configuran el derecho de pertenencia a un régimen.

 

       “III.- Si bien en cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la Ley 2248, el promovente no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años, 8 meses y 18 días.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 y el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteres, si son de seis meses y se depreciarán si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues el reclamante tiene una fracción de 8 meses, la cual debe computarse como un año completo.  Por lo que, en conclusión, el reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.”

 

0224, Sección Tercera, 08:35 horas del 28/02/01

En otras resoluciones de igual naturaleza, se han alcanzado los veinte años al servicio del Magisterio Nacional, con la aplicación de leyes conexas y así toda sumatoria igual o superior a diecinueve años y seis meses se tendrá como equivalente a veinte; no obstante, en la presente sostiene el Tribunal que ello no es posible.

 

“Del documento a folio 95 se tiene que el tiempo laborado, a enero de mil novecientos noventa y siete suman diecinueve años ocho meses y veintiocho días tiempo insuficiente para completar esos veinte años a que se ha hecho referencia.  Es por ello que lo correcto es lo resuelto por ambas entidades que consideraron no sólo la aplicación del régimen de  la ley 7531 sino también el cómputo del tiempo servido.”

 

 

0393, Sección Tercera, 9:45 horas del 06/04/01

Refiere esta resolución que 19 años y 6 meses al 18 de mayo de 1993, no equivalen a 20 de servicio para aplicar la Ley 2248 en la determinación del monto del beneficio, según lo posibilita a criterio de la Junta el artículo 5 de esa legislación, razón por la cual deberá ajustarse la pensión conforme la Ley 7268.

 

“VI.- Al respecto es necesario acotar que según se desprende de la información contenida en los folios 3, 19, 20 y 21, que se refieren al tiempo de servicio y 22 y siguientes, al cálculo de ese tiempo elaborado por la Junta, el petente - para el 18 de mayo de 1993, fecha en que dejó de regir la ley 2248 - había cumplido solamente 19 años y seis meses de servicio, por lo que su jubilación se ha de regir por la ley 7268, la que surtió efectos hasta el 13 de enero de 1997, ya que al tiempo efectivamente laborado se le ha de sumar el beneficio previsto por el artículo 32 de la ley 2248, mientras estuvo vigente, al no haber disfrutado de los tres meses de vacaciones.  No es posible, para efectos de aplicar la ley 2248 o 7268, considerar el tiempo laborado en otras dependencias del Estado o en la empresa privada, salvo, que se hubiera desempeñado como docente, lo que no está demostrado.  Tampoco es posible aplicar el beneficio previsto por el artículo 5 de la ley 2248, porque según los votos de la Sala Constitucional citados, para la pertenencia se cuenta el tiempo servido, y el redondear a un año el tiempo cuando se ha laborado seis meses y más, no constituye un reconocimiento de tiempo de servicio, sino sólo una forma de proceder para acsesar al derecho jubilatorio, en forma ordinaria o extraordinaria.”

 

0410, Sección Segunda, 8:35 horas del 9/05/01

Dos son los aspectos relevantes de esta sentencia:  Uno, la fracción igual o superior a seis meses sumada a 19 años debe computarse como 20 a efecto de determinar el derecho de pertenencia y así aplicar una determinada legislación; dos, el momento de ocurrir la génesis de la dolencia incapacitante, igualmente marcará la pauta para establecer qué ley se aplica.

 

 “De acuerdo con las probanzas allegadas al procedimiento administrativo, está debidamente acreditado que la impugnante tiene muchos años de encontrarse enferma y que fue durante la vigencia de la Ley 2248 que se originó la enfermedad depresiva invalidante que la incapacita totalmente para laborar.  Por las siguientes razones, de mejor acuerdo debe declararse que la apelante tiene derecho a la jubilación extraordinaria con sustento en la Ley 2248.  Al examinar cuidadosamente los reparos contenidos en el libelo de impugnación y, sin lugar a dudas, este órgano jerárquico impropio arriba al válido convencimiento que el beneficio pretendido debe otorgarse con sustento en la Ley originaria por cuanto hemos determinado que, al dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, la recurrente contaba con diecinueve años, siete meses y doce días laborados en la educación nacional.  Ese período a tenor del párrafo segundo de la Ley primigenia, para efectos del cómputo de la jubilación extraordinaria significan veinte años de servicio.  En vista de que esa fracción supera los siete meses, el párrafo segundo del artículo 5° de la Ley originaria estipula de manera expresa que debe computarse como fracción entera por sobrepasar la mitad de un año.”

 

0522, Sección Tercera, 10:20 horas del 10/05/01

Nos dice esta resolución que las fracciones superiores a seis meses e inferiores al año resultan aptas para la declaratoria de la pensión; mas son insuficientes para acreditar el derecho de pertenencia a un régimen jubilatorio.

 

“IV.  Al respecto es necesario acotar que según se desprende de la información contenida en el folio 41, que se refiere al tiempo laborado y el cálculo elaborado por la Junta de Pensiones de folio 73, la petente, para el 18 de mayo de 1993, fecha en que dejó de regir la ley 2248, tenía laborados 19 años, 7 meses y 22 días, es decir, aún no había no había completado los veinte años de servicio.  No podemos aplicar, para efectos de pertenencia a un determinado régimen, la disposición establecida por el artículo 5 de la ley 2248, que establece que si hay fracciones, si ésta es mayor de seis meses se cuenta como un año completo y si es menor, se despreciará.  Si la fracción es mayor de seis meses, al contabilizarse como un año entero, no significa que se trate de un tiempo de servicio, sino sólo una forma de proceder en caso de que medien fracciones de un año.  Mientras que, como podemos concluir de los pronunciamientos que nos hemos permitido transcribir de la Sala Constitucional, para la pertenencia se exigen, como mínimo, veinte años de servicio efectivo, ya sea porque se haya prestado efectivamente o bien, por que así lo entiende la ley ante determinadas circunstancia, como sucede cuando el servidor ha laborado en puestos administrativos o en zonas calificadas de insalubres o incómoda.  Por lo expuesto, la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones se ha de confirmar.”

 

0604, Sección Segunda, 10:40 horas del 19/06/01

Mayoritariamente las sentencias del honorable Tribunal han sentado el “principio” que 19 y 6 meses o más, válidamente pueden tenerse por 20 a efecto de establecer el derecho de pertenencia a determinado régimen; así se recoge en este fallo.

 

“III.- Si bien es cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la ley 2248, el interesado no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años y 7 meses.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248, el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y se depreciarán si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues el reclamante tiene una fracción de 7 meses, la cual debe computarse como un año completo.  Por lo que, en conclusión, el reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.  Por lo tanto, es con fundamento en esta ley que se le debe conceder la pensión, en atención al fallo de la Sala Constitucional transcrito, el que resulta vinculante para este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

 

 

0720, Sección Primera, 09:35 horas del 10/08/01

Se reitera en el caso particular, la jurisprudencia no uniforme dispuesta por el Tribunal respecto a que de conformidad con el artículo 5 de la Ley 7268, el principio de que las fracciones mayores a seis meses deben computarse como un año entero, es extensivo en la tesis de la aplicación del Convenio 102, razón por la cual al demostrado el interesado que a la fecha de vigencia del cuerpo normativo, cumple con 19 años y 6 meses, debe ajustarse su derecho a esa legislación.

 

“También incurre en error la Dirección Nacional de Pensiones al dejar de aplicar lo dispuesto por el artículo 29 del Convenio 102 de la O.I.T. y la Ley 7268, que estaba vigente cuando el petente cumplió 19 años y más de 6 meses de servicios en educación, tiempo que, conforme el artículo 5 de esa ley, se computa como veinte años de servicios en ese sector, de manera que lo resuelto por la Junta está ajustado a derecho.”

 

0884, Sección Tercera, 10:40 horas del 3/08/01

Aún cuando se trata de una resolución de mayoría, habida cuenta que por voto salvado se confirma en todos sus extremos lo actuado por la Junta, se sostiene en el fallo que la fracción igual o superior a seis meses que se adiciona a los 19 años no es hábil para configurar el derecho de pertenencia; ese redondeo es propio para la totalización de los años exigidos para derivar el beneficio de seguridad social.

 

“V. Es el criterio de Esta Sección del Tribunal, que los 19 años 7 meses y 29 días de servicio, al 18 de mayo de 1993, no bastan para adquirir derecho a pertenecer a la ley 2248, por aplicación del artículo 5 de esa ley, que permite redondear a un año en casos de que la fracción de año exceda de seis meses.

Ese artículo permite dicha conversión de fracciones que excedan de medio año en un año, sólo para cuando se trate de completar el total de la pensión, no cuando se refiere al período de adscripción a una ley, para derivar de ello la pertenencia, en cuyo caso deben ser veinte años efectivos de servicio, la misma jurisprudencia de la Sala Constitucional,  - 6842-99 del 3 de setiembre de 1999-, que resulta de obligada aplicación, y que dio origen a la utilización del derecho de pertenencia, cuando se halla estado adscrito por más de veinte años a determinado régimen de pensiones, es posterior a la promulgación de la ley 2248, y guarda independencia respecto a Esta en cuento a la computación de términos.”

 

 

1298, Sección Segunda, 9:35 horas del 7/11/01

El cómputo mínimo de 19 años y 6 meses al 18 de  mayo de 1993, permite una vez alcanzados los años requeridos para jubilarse -25 o 30 según corresponda-, configurar el derecho de pertenencia al régimen bajo el amparo de la Ley 2248.

 

“III.- Si bien es cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la Ley 2248, la reclamante no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años, 7 meses y 12 días.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 y el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y se depreciarán si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues la reclamante tiene una fracción mayor de 6 meses, la cual debe computarse como un año completo.  En conclusión, la reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.  Por lo tanto, es con fundamento en esta Ley que se le debe conceder la pensión, en atención al fallo de la Sala Constitucional transcrito, el que resulta vinculante para este Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.”

 

0040, Sección Tercera, 10:05 horas del  18/01/02

Si bien mayoritariamente y bajo distintas integraciones, las tres Secciones del honorable Tribunal que conocen de esta jerarquía impropia, han dispuesto que las fracciones iguales o superiores a los seis meses deban contabilizarse como años enteros para todo efecto de pensión, en esta oportunidad se dice que tal posibilidad debe valorarse en el cómputo final y no para alcanzar los 20 de pertenencia a un determinado régimen.

 

       “III.- Al 18 de mayo de 1993, registraba tan solo 19 años 8 meses y 13 días de servicio para el sector docente, tal como lo detallan ambas instituciones.  La Junta de Pensiones “redondea” los mismos a veinte años, para así deducir un tiempo de servicio a esa data suficiente para adscribirlo a la ley 2248, no así la Dirección de Pensiones que considera insuficiente esos 19 años y 8 meses para optar por ese régimen, y en consecuencia le aplica la 7268, para la cual si registraba y de sobra más de veinte años de labor.

       La discusión entonces no es por el cálculo propiamente del tiempo servido, sino la interpretación que del artículo 5 de la ley 2248, y el 7 de la 7268, hace la Junta de Pensiones.

       El criterio de este Tribunal, es que la estimación de un año de las fracciones menores de un año y mayores de seis meses, lo es exclusivamente para completar el tiempo de servicio necesario para acceder al disfrute de la pensión, no para el cálculo del tiempo necesario para adquirir el derecho de pertenencia, el cual según resolución de la Sala Constitucional, que es muy posterior a la promulgación de esas leyes, es de veinte años mínimo, y en este no se puede sumar fracciones mayores de seis meses como un año.  Por eso consideramos que hizo bien la Dirección al considerar menos de veinte años de labor antes del 13 de mayo, y por consiguiente denegar el otorgamiento de la pensión al amparo de la ley 2248.  Consecuentemente la aplicación de la 7268, dado que con esta si registra y en demasía el mínimo de veinte años de servicio, es correcta, y en tal sentido se debe aprobar lo dispuesto por esa Dirección.”

 

1159, Sección Tercera, 9:45 horas del 20/09/2002

Para la Sección Tercera el redondeo de los 19 años y fracción igual o superior a 6 meses, resulta procedente para la declaratoria del beneficio jubilatorio, no así para el establecimiento del derecho de pertenencia.

 

“IV. Al respecto es preciso acotar que, según la constancia de servicio que aparece a folio 3, la petente, para el 18 de mayo de 1993 –fecha en la que dejó de surtir efectos la ley 2248- no había alcanzado los 20 años de servicio exigidos para poder optar por esa normativa, pues demuestra 19 años, 6 meses y 18 días en los que se incluyen 3 años, 3 mes por aplicación del artículo 32 de la Ley 2248,  Por estas razones su derecho no se le podrá reconocer bajo esa normativa; por lo que procede confirma lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones.  Es preciso acotar que no es posible aplicar el artículo 7 de la ley 7268 para acceder al derecho de pertenencia; por cuanto el redondeo que permite dicha norma lo es para acceder al derecho jubilatorio.”

 

 

 

 

1212, Sección Segunda, 9:55 horas del 28/8/2002

Para la aplicación del Convenio 102 OIT y a efecto de acreditar los 20 años de servicio al Magisterio Nacional, los 19 años y fracción igual o mayor a seis meses sin alcanzar el año, deben computarse igual que la exigencia mínima.

                                                                       

“En nuestro criterio, con asidero en la documentación de folios 38 y 39 los alegatos de la impugnante son de recibo porque durante el período de vigencia de la Ley 2248 citada, realmente acumuló un tiempo servicio que, en forma holgada superó el plazo de veinte años requerido por la citada normativa jurídica, dado que al dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, tenía diecinueve años, diez meses y dieciocho días de servicios prestados para el Ministerio de Educación Pública.  En total, laboró veintiún años y tres meses, de servicios en la educación nacional.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 y el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y si fueren lapsos menores a un semestre no se tomarán en cuenta.  En el caso de estudio, resulta plenamente aplicable la norma citada, pues la reclamante tiene una fracción de diez meses y dieciocho días, la cual debe computarse como un año completo.  En conclusión, la reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión extraordinaria en los términos de la Ley 2248 citada.”

 

1550, Sección Primera, 10:10 horas del 8/11/2002

Sostiene este fallo que la bonificación por las labores desarrolladas en zona incómoda e insalubre, debe practicarse imperiosamente respecto de años completos y no de fracciones.

 

       “De los autos se desprende, que el recurrente completó un total de 31 años y 8 días laborados para el Magisterio Nacional, a noviembre de 1991, incluyendo 3 años y 1 mes en zona incómoda e insalubre. Con respecto al tiempo reconocido en dichas condiciones, es importante aclarar que el gestionante laboró en zona incómoda e insalubre solamente 9 años, 8 meses y 8 días, según la certificación que corre a folio 104, del 03 de julio de 2001, extendida por el Ministerio de Educación Pública. Con respecto a los 8 meses y 8 días así laborados, es importante mencionar, que no se puede reconocer ninguna bonificación en ese sentido y que tal reconocimiento es improcedente. En efecto, nótese que el artículo 2, incisos a) y b), de la Ley Nº 2248 del 5 de setiembre de 1958 exige, para tener acceso al beneficio allí previsto, el que se haya laborado al menos un año, no fracciones de año.

       Ahora bien, la Junta de Pensiones no indica expresamente los años laborados en tales condiciones, sino solamente los otorgados con ocasión del beneficio de marras, y siendo que la ley establece un reconocimiento fraccionado de 4 meses por cada año laborado en este tipo de zona incómoda e insalubre, al otorgar 4 años completos en aplicación de este beneficio, se  obtiene, por lógica deducción, que computó 12 años como servidos en estas condiciones, cuando lo correcto -como lo muestra la certificación ya mencionada- son 9 años, 8 meses y 8 días. Ello crea la diferencia en el monto de pensión otorgado por la Junta de Pensiones y por la Dirección Nacional de Pensiones. Dicha diferencia en el monto reside en que, mientras la Junta de Pensiones le reconoce un 8.42 % de postergación, equivalente a un año y seis meses como servidos demás, la Dirección Nacional de Pensiones, sólo reconoció un 5.6% equivalente a 1 año, lo cual es correcto. En ese sentido, lo procedente es confirmar la resolución recurrida.”

 

 

1601, Sección Primera, 10:10 horas del 29/11/2002

La sumatoria de 19 años y fracción de 6 o más meses no equivale a los 20 que se exigen para el derecho de pertenencia, toda vez de que ese cómputo fraccionario es propio para alcanzar el beneficio jubilatorio.

 

“En el caso, luego del estudio del expediente y de las resoluciones de la Junta y de la DNP, llegamos a la conclusión que la DNP lleva razón y no puede otorgarse la pensión que reclama la apelante, bajo el amparo de la Ley 2248, por cuanto no cotizó al menos veinte años durante su vigencia.  A folio 79, la Junta contabilizó 19 años, 6 meses y 18 días, hasta el 18 de mayo de 1993, fecha última de la vigencia de la Ley 2248.  Para tal efecto, tomó en consideración que la actora había laborado 16 años, 2 meses y 18 días en el MEP y 3 años y 4 meses en la UNA., conforme se coteja de la documental de folio 11, 48, 49 y 78.  A folio 99, la DNP, con un cálculo muy lacónico, determina de igual manera, que el tiempo servido alcanzó sólo 19 años, 6 meses y 18 días.  En ambos casos, se observa que la apelante no cumplió con el requisito de 20 años de cotización, durante la vigencia de la Ley 2248, por lo tanto, procede confirmar la resolución de la DNP en todos sus extremos.

De toda suerte, estima el Tribunal oportuno indicar que no es posible aplicar al caso el artículo 5 de la Ley 2248, para redondear a 20 años, los 19 años, 6 meses y 18 días que laboró la actora antes del 19 de mayo de 1993.  En lo conducente, la norma mencionada, establece que para efectos de las JUBILACIONES ordinarias o extraordinarias, el año natural, no podrá contarse por más de un año de servicio, siendo que, AL SUMAR el tiempo de servicio, las fracciones de un año que resulten se computarán por años enteros si son de seis meses y se despreciarán si fueron lapsos menores.  Como se colige, esta norma resulta aplicable, para efectos del otorgamiento del derecho jubilatorio y no para determinar el derecho de pertenencia a un determinado régimen normativo, conforme los alcances del artículo 29 del Convenio 102 OIT.  Por otro lado, la norma señala que el beneficio de computar las fracciones mayores a seis meses como años enteros sólo opera respecto de la sumatoria final del tiempo servido, no pudiéndose por tanto, aplicar el beneficio de redondeo, respecto de sumatorias parciales, toda vez que ello, sería contrario a la finalidad de la norma citada.

En virtud de todo lo expuesto, se confirma la resolución apelada.”

 

 

1616, Sección Segunda, 9:10 horas del 14/11/2002

Para completar los 30 años de servicio exigidos para la jubilación ordinaria, el cómputo de 29 y 6 meses como mínimo resulta equiparable.  En el caso particular, más de 20 lo fueron hasta la vigencia de la Ley 2248, de ahí que la prestación económica deba ajustarse a los términos de esa legislación.

 

 “II.- Estudiados los autos, se determina que mediante la resolución de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional se concedió el beneficio jubilatorio de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 2248 mientras que la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lo denegó alegando que no posee los 30 años de servicio de tiempo total para optar al beneficio por medio del artículo 2 inciso a) de la Ley 2248.  Examinados los reparos contenidos en el libelo del recurso formulado por la peticionaria (…), y en la instrucción de la apelación, sin lugar a dudas este órgano jerárquico impropio, arriba al válido convencimiento que el beneficio pretendido debe otorgarse con fundamento en la Ley 2248, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a) del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. En nuestro criterio, con asidero en la documentación de folios 18 a 25, se demuestra que la gestionante completó un total de 29 años, 6 meses y 20 días al 31 de agosto de 2001, los que –de conformidad con el artículo 5 de la Ley 2248- equivalen a los treinta años requeridos para el otorgamiento de la jubilación de marras.  De ahí que deba ordenarse el cálculo de la prestación económica de la jubilación ordinaria con asidero en la Ley 2248.  Fue precisamente durante el período de vigencia de esta Ley que, la apelante realmente completó el tiempo servicio, que en forma holgada superó el plazo de veinte años, requerido por el citado instrumento internacional.  Habiéndose acreditado que laboró más de dos décadas durante la vigencia de la Ley 2248, debe declararse que la apelante le corresponde la jubilación ordinaria con base en la Ley primogenia.”

 

 

0163, Sección Segunda, 11:15 horas del 13/2/2003

Se confirma mediante esta resolución la interpretación dispuesta por esta Junta, en el sentido que en la proyección de tiempo de servicio para la declaratoria de una prestación al amparo de la Ley 2248 y el Convenio 102 de la OIT, puede válidamente aplicarse el artículo 5 de esa Ley, que sostiene que al sumar el tiempo de servicio las fracciones de un año se computarán como años enteros; de ahí que si el interesado alcanza 19 años y supera la fracción de 6 meses, debe entenderse que se hace acreedor del beneficio a la luz de la Ley 2248; sin embargo, como en el presente asunto no alcanza el tiempo total para pensionarse debe declinarse su solicitud.

 

“III. Se conoce de este asunto en virtud de apelación contra lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones, por estimar el recurrente que a su caso debe aplicarse lo dispuesto por la Ley 2248, conforme al artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo. Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta es correcto, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones. En efecto, en el caso de estudio, si bien el interesado no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional desde que se trasladó al régimen general pero, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social y las que el trabajador tendrá a su cargo. Sin embargo, dado que el gestionante a la fecha antes apuntada no logró completar los treinta años de servicio, no es posible otorgarle el beneficio solicitado. De ahí que el fundamento emitido por la Junta de Pensiones para denegar el beneficio gestionado es el correcto, no así el emitido por la Dirección Nacional de Pensiones.

       IV. Ante esa situación fáctica descrita en el Considerando anterior y a tenor de lo dispuesto por la Sala Constitucional en el Voto 6842-99 de las 8:45 hrs. del 3 de setiembre de 1999, en relación con el artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, no puede declararse el derecho jubilatorio a favor del apelante porque a pesar del régimen de pertenencia aludido, aún no ha cumplido los treinta años de servicio requeridos; sin perjuicio de que, una vez que cumpla esa exigencia el interesado gestione el otorgamiento del beneficio. En consecuencia, por las apuntadas razones deberá confirmarse lo decidido por la Dirección Nacional de Pensiones.”

 

2276, Sección Segunda, 9:05 horas del 20/08/2003

De la misma forma que se ha justificado en resoluciones anteriores, el Tribunal sostiene que el artículo 5 y 7 de las leyes 2248 y 7268, respectivamente en las que se establece que las fracciones de 1 año que resulten, se computarán por años enteros de 6 meses, es aplicable y debe conciliarse con lo establecido en el Convenio 102 de la OIT, lo que permite justificar que una persona, como ocurre en el caso que nos ocupa, que alcanza 19 años y 7 meses bajo el amparo de la Ley 2248, tenga asegurado su derecho de pertenencia.

 

       “III.- Si bien es cierto, conforme se acreditó, durante el período de vigencia de la Ley 2248, la reclamante no acumuló en forma completa los 20 años de servicio, si logró alcanzar un record de 19 años y 7 meses.  Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 2248 y el artículo 7 de la Ley 7268, al sumar el tiempo servido, las fracciones de un año que resulten, se computarán por años enteros, si son de seis meses y se depreciarán si fueren lapsos menores.  En el caso de estudio resulta plenamente aplicable la norma citada, pues la reclamante tiene una fracción de 7 meses la cual debe computarse como un año completo.  Por lo que, en conclusión, la reclamante logra alcanzar los 20 años de servicio requeridos, para tener derecho a la pensión en los términos de la Ley 2248 citada.”

 

 

*     FUERA DE LA EDUCACIÓN


0309, Sección Primera, 8:15 horas del 12/03/99

Se dice en esta resolución que el reconocimiento máximo de 10 años fuera de la educación, resulta atendible siempre y cuando se haya laborado al menos 20 años para el Magisterio Nacional.

 

“III.-  Del estudio cuidadoso de las pruebas que sirvieron de sustento fáctico para el dictado del acto administrativo que ha sido sometido a conocimiento de este Tribunal, así como de las normas aplicadas para la sustentación del mismo, se arriba a la conclusión que la resolución que lo contiene debe ser confirmada.  En efecto, está demostrado que la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social acogió la gestión con base en la Ley 7268 (folio 68 del exp. adm.).  Ese cuerpo normativo permitía el reconocimiento de un máximo de diez años de servicios públicos fuera del Magisterio Nacional para completar los años requeridos para pensión ordinaria.  Por aplicación retroactiva en beneficio, conforme a jurisprudencia de la Sala Constitucional y de este Tribunal, se ha aplicado lo dispuesto por los artículos 41 y 42 de la Ley 7531, sea el reconocimiento de tiempo servido en la empresa privada, siempre y cuando el servidor, durante la vigencia de alguna de las Leyes anteriores, haya laborado un mínimo de veinte años  en educación y cotizado ese mismo tiempo.  En el caso de estudio no se cumple ese requisito, motivo por el cual no puede hacerse ese reconocimiento.  Claro está, al mantenerse el recurrente laborando en la Universidad Nacional,  la Junta de Pensiones debe ajustar el monto fijado por la Dirección Nacional de Pensiones, aplicando la postergación y tomando en cuenta los salarios devengados después del treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y seis.”

 

0546, Sección Segunda, 9:45 horas del 20/04/99

Al confirmarse sendas denegatorias de la Dirección y la Junta, para una solicitud de revisión por la Ley 2248 en la que se pretendió se fijara la prestación con vista del salario devengado en la empresa privada, el Tribunal realiza la siguiente consideración pro fondo:

 

“Revisado el punto cuestionado este Tribunal, de manera unánime, llega a la conclusión de que el recurrente no lleva razón en sus agravios, pues es lo cierto que el salario que devengó en aquella otra institución no puede servir de base para calcular al beneficio jubilatorio.  Pensar como lo hace el recurrente es mantener una posición que viene a afectar al propio régimen del que ahora se está sirviendo para hacer derivar una jubilación.  Estamos frente a una legislación social concreta, cual es el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional y por ello se han de aplicar, necesariamente, los salarios que han servido de base a la contribución de ese mismo régimen, pues bien sabido es ya que en esta materia se aplica el denominado beneficio “pro fondo”, dada la característica de régimen social que reviste, con lo que pensar de manera distinta es beneficiar a una sola persona en perjuicio de todo el conglomerado, lo que ciertamente no es la intención legislativa.  Por lo anterior sin necesidad de mayor consideración, procede confirmar la resolución recurrida.”

 

1315, Sección Tercera, 10:05 horas del 26/10/01

Al confirmar la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones, que aplica el tope de la Ley 7268 para un jubilación declarada con arreglo en la Ley 2248, sostiene el Tribunal que no resulta procedente la integración de la prestación, a partir de la sumatoria, de los salarios percibidos en la Caja Costarricense de Seguro Social y en la Universidad de Costa Rica; empero, al haberse resuelto por la Junta y la Dirección en esos términos no puede el Tribunal reformar en perjuicio del apelante.

 

“No obstante lo anterior es el criterio del Tribunal, que este régimen de jubilaciones del magisterio, lo es en exclusividad para los funcionarios que laboren en el sector docente, y que ya sea que se aplique el artículo segundo, párrafo antepenúltimo de la ley de Pensiones del Magisterio 2248, o bien el 8° inciso A) de la que le siguió número 7268, no es procedente el reconocimiento del salario en otro sector que no sea ese.  En efecto, en el caso de la norma citada de la ley 2248, lo que permite es el reconocimiento del tiempo servido con anterioridad al ingreso o reingreso al servicio docente, pero no admite la posibilidad de que se reconozca tiempo servido y por ende salarios, en forma simultánea con el percibido en la docencia.  Del mismo modo el artículo 8 inciso a) de la Ley 7268, permite el cálculo de la pensión en base a los doce mejores salarios de los últimos dos años en el servicio del Magisterio Nacional.  Ni tan siquiera la ulterior ley de este régimen, número 7531 admite el reconocimiento de salarios ajenos a este sector, por cuanto en el artículo 34 permite la adscripción al mismo de todas las personas que se desempeñen en el Magisterio Nacional y el 37 claramente establece que los salarios de referencia que se han de tomar en cuanta para el cálculo de la pensión, serán los últimos sesenta al servicio de la Educación.  Se concluye entonces que el salario percibido por el apelante como funcionario de la Caja Costarricense de Seguro Social y que le ocupó prácticamente tres cuartos de su tiempo laboral, legalmente no es procedente tomarlo en consideración para la fijación de su pensión; sin embargo como la Dirección de Pensiones, y la misma JUNTA, lo incluyeron como tal, y ello no fue en modo alguno objetado, este Tribunal, consiente en la inclusión del mismo para efectos de la fijación de la revisión reclamada, pero en los límites inferiores, fijados por la misma Dirección de Pensiones, por ser esto prácticamente una regalía de esa Institución.”

 

0063, Sección Primera, 8:50 horas del  31/01/02

Al confirmar sendas denegatorias de la Junta y de la Dirección, señala de manera precisa el honorable Tribunal, que para aplicar al beneficio ordinario la Ley 2248 se requiere un servicio mínimo de 20 años para el Magisterio Nacional al 18 de mayo de 1993, cómputo dentro del cual las labores en el sector privado o público no relacionadas con la educación, no resultan aptos para alcanzar ese margen.

 

       IV. De los autos se desprende que al recurrente no le asiste razón en su recurso. En efecto, en autos existe declaratoria del beneficio bajo los parámetros de la Ley 7268 y lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones simplemente ejecuta lo resuelto por este Tribunal, o sea, ajustando la pensión con el servicio prestado hasta la fecha del efectivo retiro. No es aplicable la Ley 2248 porque el apelante no laboró en educación durante veinte años antes del 18 de mayo de 1993. Además, como ya resolvió este órgano de jerarquía impropia, no se puede reconocer, para esos efectos,  el tiempo laborado en la empresa privada o en el sector público no relacionado con procesos educativos. En consecuencia, la resolución recurrida se ajusta a derecho y por ello se debe confirmar.”

 

 

*     INFORMACION AD-PERPETUAM

0501, Sección Segunda, 7:55 horas del 17/05/99

Se avala por el Tribunal que la información para perpetua memoria resulta una prueba más a valorar con las reglas de la sana crítica.

 

Cuarto: La inconformidad de la recurrente es porque no se le reconoce el tiempo servido en la “Panadería La Fama”.  Sin embargo esta oposición no es atendible, pues la valoración de toda prueba -incluida la información para perpetua memoria- se opera de conformidad con lo dispuesto en el artículo 298 de la Ley General de la Administración Pública, según el cual:

1.  “… Los medios de prueba podrán ser todos los que estén permitidos por el derecho público, aunque no sean admisibles por el derecho común.

2. Salvo disposición en contrario, las pruebas serán apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica.

Quinto:  En relación a la información para perpetua memoria, el artículo 897 del Código Procesal Civil, dispone que la misma tendrá como finalidad la demostración, mediante prueba testimonial, de determinados hechos que interesen de modo principal al promovente.  Por ello, si administrativamente no se ha dado valor a la prueba testimonial recibida mediante información para perpetua memoria, no podría tenerse por demostrado para efectos de cómputo del tiempo servido para jubilación, el que se alega laborado en la “Panadería La Fama”.

 

0619, Sección Tercera, 9:45 horas del 04/06/99

Al confirmar sendas denegatorias de esta Junta y la Dirección, para una jubilación ordinaria con fundamento en la Ley 7268, nos dice el Tribunal que el tiempo laborado en una municipalidad debe probarse mediante documento idóneo.

 

“Para acreditar la prestación de servicios en la Municipalidad de Esparza, el actor no presenta documento fidedigno, que permita al Tribunal arribar a la certeza de que efectivamente el prestó servicios para dicho Municipio por el tiempo indicado.  Lo que obra al folio 9 frente de los autos, lo que hace constar el señor …, no es la prestación de servicios, sino los informes o averiguaciones hechos con base en exfuncionarios de esa dependencia, en el sentido de que el fue músico de la banda local por veinte meses, pero no la afirmación de que así fuera.

Toda Institución municipal, lleva un registro de las personas que han laborado para la misma, por lo que la información de servicios prestados deber derivarse de la revisión de los archivos de rigor, pero no de las informales manifestaciones que terceros pudieran formular.

Por ello el documento presentado, es insuficiente para acreditar más tiempo laborado del registrado por la Junta de Pensiones, el cual es insuficiente para acceder al otorgamiento de la pensión otorgada, por lo fue correctamente denegado la petición del recurrente, y debe confirmarse lo resuelto por la Dirección Nacional de Pensiones.”  

 

0919, Sección Tercera, 8:05 horas del 03/09/99

Considera la Sección Tercera del honorable Tribunal que la acreditación de tiempo de servicio mediante las diligencias para perpetua memoria resulta improcedente y, prohijando la posición institucional, nos dice que ello debe procurarse ante la entidad administradora del régimen que se trate.

 

“Según puede inferirse de los informes de ambas Instituciones, existe coincidencia en desconocer el tiempo que se quiere acreditar mediante las diligencias de Información ad-perpetuam memoria, por no ser un mecanismo idóneo para demostrar años de servicio, toda vez que el sistema de pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional es un régimen contributivo y no de gracia, por lo que es necesario demostrar el tiempo de servicio en la educación nacional y las cotizaciones tripartitas.-  El Tribunal coincide con lo anterior, pero estima que se trata de un régimen de tiempo servido, por lo que si el actor no ha demostrado fehacientemente que haya laborado en la empresa privada del período comprendido de enero de 1969 a setiembre de 1979, pues corresponde a la institución administradora del régimen de que se trate el reconocimiento del tiempo que se pretende acreditar mediante el trámite de Información ad-perpetuam memoria, no es posible reconocer ese tiempo para efectos de jubilación, al amparo del numeral 42 de la Ley 7531, que permite completar el número de cuotas citado en el artículo 41 y el transitorio V de esa ley, con las aportadas a cualquier otro régimen contributivo obligatorio y público de pensiones, incluso al de Invalidez, Vejez y Muerte administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.-“

 

1073, Sección Primera, 10:30 horas del 27/08/99

Sostiene el honorable Tribunal en esta resolución que sí resulta procedente el reconocimiento del tiempo servido mediante las diligencias para perpetua memoria.  En el caso particular, se revocan las resoluciones de la Junta y la Dirección que declararon la prestación por vejez con base en la Ley 7531 y, en su lugar, ordena a la primera calcular la pensión con base en la Ley 7268.

 

“III.-  Este Tribunal considera que sí es posible la utilización de las “informaciones para perpetua memoria” a fin de demostrar el tiempo de servicio.  El artículo 874 del Código Procesal Civil dispone que ese trámite tiene como finalidad “la demostración, mediante testimonial, de determinados hechos que interesen de modo principal al promovente.”  En el caso que nos ocupa, el aquí recurrente tiene interés en demostrar un tiempo de servicio para la Liga Deportiva Alajuelense, que lo legitimara para recibir una pensión con base en la Ley 7268; sino tiene otro medio para probar ese hecho, no se le puede negar la posibilidad de recurrir a este medio de prueba para tal efecto, caso contrario se le dejaría en estado de total indefensión, ante una situación tan real como que, en ocasiones los patronos culposa, o dolosamente, omiten cancelar las cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social.  Ahora bien, los testigos… declararon bajo fe de juramento, ante el Juzgado Contencioso Administrativo que el actor jugó por varios años con la citada instituciones deportiva.  Por lo demás, debido a las amplias difusiones radiofónicas y televisivas que cubren las actividades referentes al balompié en nuestro país, es de conocimiento público que el señor…, militó en el referido equipo por aquellos años.  Por tales razones no se pone en tela de duda la prestación del servicio.  La Junta alega que si el trabajador no ha cotizado no se puede tomar en cuenta el servicio prestado.  Este despacho considera que eso no es obstáculo, porque en reiteradas ocasiones se ha resuelto que conforme a la doctrina del artículo 32 de la Ley 7531, y 29 de la 7302, es posible en estos casos ordenar al petente el reintegro de las cuotas omitidas.  Así entonces sí lleva razón el impugnante al pedir tanto en su escrito inicial (f.1), como en su recurso (fs. 49 a 55) que su pensión sea calculada conforme a los términos de la Ley 7268, pues véase que el cómputo del tiempo laborado en Educación es de veinticuatro años dos meses, lo que quiere decir que basta reconocerle cuatro meses de los laborados con la Liga Deportiva Alajuelense, para que adquiera el derecho a recibir la pensión con base en la ley que invoca.  Consiguientemente procede revocar las resolución impugnada, y ordenar a la Junta  de Pensiones que proceda conforme a lo dispuesto en esta resolución.”

 

1337, Sección Primera, 8:35 horas del 12/11/99

En primer término, indica el Tribunal que resulta procedente el reconocimiento del tiempo mediante las diligencias para perpetua memoria, más es lo cierto que siempre deben acreditarse los 30 años de servicio.  De otra parte, señala que tanto la Junta cuanto la Dirección incurrieron en errores de cómputo, por cuanto la primera aplicó cociente 9 en vez de 11 que era el procedente en razón que el petente es servidor administrativo y, la segunda,  desconoció la información ad perpetuam.

 

       “III.-  Analizado el motivo del recurso, la prueba aportada al proceso y normas y jurisprudencia aplicables, los suscritos consideramos que le asiste razón al recurrente en cuanto debe reconocerse el tiempo comprobado con información ad perpetuam, por servicios privados.  Ese reconocimiento procede después de veinte años de labores en entidades educativas, como es el caso de marras.  Sin embargo, con ese tiempo no logró reunir los treinta años de servicios a la fecha en que se resolvió el caso y, no consta que haya seguido laborando, por lo tanto se debe confirmar la resolución recurrida.

       IV.-  Debe advertirse que ambos órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto incurrieron en error.  La Junta, al computar como cociente nueve tiempo servido durante la vigencia de la ley 2248, dejando de lado el cargo que ocupaba el recurrente.  Este era guarda, de modo que el reconocimiento de años debió hacerse con el cociente 11, por estar dentro del área administrativa.  También al dejar de computar todo el tiempo demostrado con la información ad perpetuam, pues sólo tomó en cuenta tres meses.  Por su parte, la Dirección Nacional de Pensiones también omitió ese cómputo, dejando de lado el valor probatorio de la información ad perpetuam.”

 

0452, Sección Segunda, 9:35 horas del 10/05/01

Al confirmar las sendas denegatorias que practica la Junta y la Dirección, para el reconocimiento de tiempo servido mediante las diligencias para perpetua memoria, sostiene ello es así por cuanto no estamos en presencia de un régimen de pensiones de gracia.

 

“Pretende el recurrente, que se le reconozca mediante Información Ad-Perpetuam trece años, que no le fueron contabilizados como tiempo servido.  Lo anterior no es factible, por cuanto no estamos en presencia de un régimen de pensiones de gracia, sino frente a un régimen contributivo, como es el del Magisterio Nacional; que tiene su composición y relación necesaria entre ingresos y beneficios, de naturaleza financiera actuarial, por lo que se exigen requisitos que suponen la solidaridad, la igualdad y la supervivencia del régimen.”

 

 

874, Sección Primera, 15:05 horas del 14/09/2001

Estima el honorable Tribunal, al mediar imposibilidad de cotizar por causas no imputables al trabajador, que el tiempo efectivamente servido debe ser computado para efectos de pensión. En el caso particular se suman las labores como futbolista profesional mediante los procedimientos de Información para Perpetua Memoria.

 

“En criterio de los suscritos integrantes de este órgano, actuando como jerarcas administrativos, el tiempo servido por el recurrente, no cotizado debidamente, no constituye un motivo válido para denegarle su derecho jubilatorio, pues la propia legislación prevé tal situación, facultando al asalariado a completar las cuotas necesarias para obtener su pensión, en los términos del artículo 29 de la Ley N° 7302, aplicable a esta materia.

       Así, al beneficiario que por motivos ajenos a su voluntad no le hubieren sido cubiertas las cuotas por tiempo servido, para cualquiera de los regímenes de pensión, puede concurrir con su pago mediante deducción mensual a su pensión. Por tal motivo, yerra la citada dependencia gubernamental al no reconocerle al gestionante el período que no cotizó regularmente.

       Por ende, el tiempo servido por el actor como futbolista profesional, demostrado mediante Información Ad Perpetuam, seguida en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda de este Circuito Judicial (visible a folios 13 a 22) efectivamente tiene valor probatorio, máxime que al trabajador no se le puede imputar el descuido o la negligencia patronal de llevar el registro y las cotizaciones debidas por tiempo servido, causándose un desequilibrio procesal si tal carga probatoria se le exige al trabajador.

       Por lo considerado, el tiempo servido por el recurrente para varios equipos de fútbol, (1970 a 1977) no cotizados regularmente, más los efectivamente demostrados, suman el tiempo necesario para adquirir el derecho jubilatorio al amparado de la Ley Nº 2248 del 5 de setiembre de 1958, ya que al 18 de mayo de 1993, fecha de su derogatoria constitucional, alcanza los veinte años servidos para la educación nacional, en aplicación del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por nuestro país.”

 

 

1214, Sección Primera, 8:10 horas del  21/12/01

El tiempo que se ha intentado acreditar mediante los procedimientos de información para perpetua memoria, ha recibido disímiles tratamientos; en el caso particular el Tribunal lo acepta parcialmente.

 

“El recurrente presenta a los autos, los documentos que se agregan de folios 47 a 54. Según la certificación de folio 47, el actor, acumula 28 años, 5 meses y 25 días al año 2000 (Diciembre). De tal forma , que al año 2001 tendría el gestionante 29 años, 5 meses y 25 días de servicios, lo que resulta insuficiente para declarar su derecho a la jubilación. La documentación que corre agregada de folios 48 a 51, que es trámite de diligencias de información  ad  perpetuam, demuestra que el actor laboró para la Asociación Deportiva Ramonense y el Deportivo Cartaginés  de 1969 a 1974 y de 1975 a 1982. Se observa que existe tiempo laborado simultáneamente  en la educación nacional y como profesional del futbol, lo que no permite computar el  laborado después de 1973.

       Sin embargo de 1969 a 1972, lo que equivale a  3 años y 7 meses, más que deben agregarse, lo que permite completar 32 años, 2 meses y 25 días. Así las cosas, procede otorgar la pensión al actor con base en la Ley 2248, debiendo la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, realizar el ajuste  correspondiente a la fecha del retiro con base esa legislación.”

 

0301, Sección Segunda, 9:40 horas del 22/03/02

Sostiene esta sentencia que no puede computarse para efectos de jubilación el tiempo que se pretenda acreditar mediante información para perpetua memoria, toda vez que el Régimen del Magisterio Nacional es contributivo y no de gracia.

 

“Este Tribunal  de manera unánime, llega a la conclusión de que el recurrente no lleva razón en sus agravios y por ello, sin necesidad de mayor consideración, procede confirmar la resolución final dictada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que por tratarse de un régimen contributivo y no de gracia, los años de servicio que se pretenden demostrar mediante prueba testimonial recibida en la Información Ad Perpetuam, de conformidad con la Ley 6799 no son computables para efectos de jubilación.  Para que dicho período pueda ser reconocido, el gestionante debió haber cotizado para ese Fondo.  Consecuentemente, los servicios prestados en la empresa privada no pueden ser tomados en cuenta por falta de cotización.  Entonces, por no reunir el apelante el tiempo de servicio requerido ni las cotizaciones tripartitas exigidas, no es acreedor al beneficio de la jubilación ordinaria pretendido”

 

0455, Sección Tercera, 9:00 horas del 12/04/02

Nos dice el fallo que no resulta ajustado a derecho reconocer tiempo de servicio mediante las diligencia para perpetua memoria, habida cuenta que se irrogaría indefensión a la Caja Costarricense de Seguro Social y al patrono privado.  Refiere que es otra la vía para tal propósito.

 

“V.  No es dable considerar el tiempo que se pretende demostrar con la información ad perpetuam, dado que de hacerlo en la forma en que se pretende podríamos causarle indefensión tanto a la Caja Costarricense de Seguro Social, como a la empresa (...) sita en San Rafael de San Ramón, quienes tendrían que reintegrar las cuotas omitidas, sin haber sido escuchadas.  Para el reconocimiento de ese tiempo de servicio debe el gestionante recurrir a otra vía.”

 

2556, Sección Segunda, 8:35 horas del 08/09/2003

Se confirma por parte del Tribunal, que la posición externada por la Junta en Sesión 34-94 relacionada con las informaciones ad-perpetuam y la improcedencia de su reconocimiento por falta de competencia, debe ratificarse pues no resulta información idónea y confiable para reconocer tiempo de servicio.

 

“IV. Es importante destacar que, debe rechazarse el reconocimiento del tiempo de servicio que pretende el apelante, se le reconozca mediante información Ad Perpetuam, con base en acuerdo tomado por la Junta de Pensiones, Sesión 34-94 del 14 de junio de 1994, el cual indica: “Deberán declararse improcedentes, por razones de competencia, aquellas informaciones ad perpetuam que tiendan a demostrar la efectividad de tiempo servido, que debió ser cotizado para otro de los regímenes contributivos existentes, siendo la institución administradora del régimen que se trate, la competente para resolver, conforme a su giro, tal reconocimiento; y así, una vez certificado y acreditado ante la Junta, se proceda al tenor de lo dispuesto por artículo 1 de la Ley 6799”.  Lo anterior por no ser un mecanismo idóneo para demostrar años de servicio, debido a que el Régimen de Pensiones del Magisterio, es contributivo y no de gracia, véase que, según los artículos 1 y 2 de la Ley 7268, la pensión o jubilación se otorga a solicitud del interesado, siempre que demuestre el cumplimiento de dos requisitos, el tiempo de servicio en la educación nacional y cotizaciones tripartitas, con el fin de mantener la solidaridad, la igualdad y la sobrevivencia del régimen, por cuanto el reconocimiento de años información ad perpetuam, evidencia una falta de cotización.  En este caso, no se logra demostrar el tiempo laborado por servicios privados que reclama, ni la cotización respectiva para un régimen jubilatorio, como lo permite el artículo 42 de la Ley 7531.”

 

 

*     APLICACIÓN DE LEY 6995

0710, Sección Primera, 9:40 horas del 25/08/00

Se infiere claramente de esta resolución, que para determinar el total de 25 años de servicio y así acceder a la jubilación ordinaria con vista de la Ley 2248, resultan de aplicación las bonificaciones de tiempo que posibilitado a la Ley 6995, cuanto la prestación de su fuerza laboral para la Empresa Privada y el Estado.

 

“Así, de la documental de folios 3, 5, 10, 11 y 18 a 23, se desprende que el actor, antes del dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, data en que fue derogada la Ley 2248, había laborado para el Ministerio de Educación por espacio de diecisiete años y veinticuatro días en Zona Incómoda e Insalubre.  Esta antigüedad incluye el reconocimiento de tiempo dispuesto por Ley 6995.  Asimismo, contaba con tres años y tres meses de tiempo servido en forma alterna en la empresa privada entre los años de mil novecientos sesenta y seis y mil novecientos setenta y ocho; y cinco laborados también en forma alterna para el Estado, entre los años de mil novecientos sesenta y nueve y mil novecientos ochenta y uno, lo que totaliza veinticinco años, tres meses y veinticuatro días antes de la data dicha.”

 

*     NO COTIZADO

0775, Sección Segunda, 9:10 horas del 11/06/99

De forma elocuente recoge este fallo que la no cotización por razones no imputables al trabajador, no puede obstaculizar el disfrute de un beneficio previsto por el sistema de seguridad social, toda vez que las cuotas omitidas pueden ser canceladas oportunamente siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado el servicio.

 

“Planteado así el asunto a resolver, procede indicar, que ya este Tribunal ha establecido en forma reiterada que, el tiempo efectivamente laborado, pero no cotizado por el patrono, como en este caso, debe ser tomado en cuenta y es válido para el reconocimiento del derecho jubilatorio, dado que el trabajador no es responsable de tal omisión, ni puede controlar los actos de su patrono referente al reporte de las cuotas a los diferentes regímenes de pensiones.  Ver entre otras. No. 1163, de las 10:20 horas del 11 de diciembre de 1977 y No. 1164 de las 10:25 horas del 11 de diciembre de 1997, ambas de la Sección Segunda).  Lo anterior no quiere decir que con este tipo de resoluciones se esté favoreciendo el hecho de que se obtenga una pensión o jubilación de un régimen para el cual no se ha contribuido en la forma establecida por la ley, sino que, el tiempo servido pero no cotizado por el patrono, es válido para el cómputo del tiempo total servido, pero el trabajador debe reintegrar las cuotas que en su momento por esa omisión se dejaron de hacer efectivas.-”

 

0776, Sección Segunda, 9:15 horas del 11/06/99

En igual sentido a la sentencia anterior, se dice en esta que el cómputo del tiempo servido no cotizado, no presupone necesariamente el disfrute de un beneficio derivado de un régimen para el cual no se ha cotizado, sino que lo que se pretende es posibilitar el reintegro del adeudo por ese concepto.

 

“Claro está, que tampoco con lo anterior, se está promoviendo el disfrute de un beneficio jubilatorio, sin haber contribuido al respectivo régimen, sino que, de lo que se trata es que el tiempo servido pero no cotizado, sea válido, como efectivamente lo es, para efectos del computo del tiempo total servido, pero el beneficiado debe, mediante los procedimientos que la misma ley establece, reintegrar y hacer los aportes que en su oportunidad dejó de hacer al respectivo régimen.”

 

0799, Sección Segunda, 8:55 horas del 16/06/99

Dispone esta resolución que le asiste derecho a la pensión ordinaria conforme los términos de la Ley 7268, para lo cual deberá el interesado cancelar la cotización por el tiempo servido en la empresa privada.

 

“Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal, de manera unánime, llega a la conclusión de que el recurrente lleva razón en sus agravios, pues es lo cierto que, aparte del plazo de transitoriedad de dieciocho meses establecido por la Sala Constitucional, no se debe excluir el tiempo servido en la empresa privada por no haber cotizado.  Ya hemos señalado, en múltiples ocasiones, que el tiempo no cotizado no puede dejarse de tomar en cuenta para el cálculo de la antigüedad, y lo dejado de pagar deberá ser honrado por los procedimientos establecidos en la propia legislación.  Es por ello que en el caso del servicio en la empresa privada también esta autorizado su reconocimiento como ya lo hemos señalado en fallos similares.”

 

1192, Sección Primera, 11:05 horas del 30/09/99

Al confirmar la declaratoria de una jubilación ordinaria con fundamento en la Ley 7268, en la que la Junta reconoció tiempo servido y no cotizado, resaltamos la forma tajante en que el Tribunal estima que la obligación de cotizar para el Régimen es responsabilidad exclusiva del patrono, así como que el único consentimiento que debe externar el trabajador es cuando se traslada de régimen.

 

“Debe advertirse que la omisión de cotizaciones de los educadores o del personal administrativo cubierto por la Ley del Magisterio Nacional, es responsabilidad del empleador y nunca del trabajador, quien no puede tener ese control, puesto que es una obligación legal del patrono y para el cumplimiento no requiere del consentimiento del trabajador, salvo en casos de elección de otro régimen.”

 

0044, Sección Tercera, 8:50 horas 14/01/00

Aún cuando resulte ampliamente conocida la jurisprudencia administrativa del Tribunal, en el sentido que debe reconocerse el tiempo de servicio no cotizado, lo que concomitantemente impone el establecimiento de la deuda para el fondo, en esta oportunidad de manera elocuente y precisa se dice que no puede excluirse del régimen por tal motivo.

 

“El hecho de que, no obstante laborar en la docencia, al solicitante, no le fuera deducido para el respectivo fondo, la cotización de rigor, no le es atribuible a su voluntad, para sancionarle de esa forma y privarle del disfrute a un beneficio al que tendría derecho.  El remedio legal para tales omisiones, es declarar la existencia de la deuda por esos conceptos, y compungir al cumplimiento de la misma, dentro de la misma resolución que acoge el beneficio, tal y como lo hace la Junta de Pensiones (ver resolución folio 34 parte dispositiva; pero no excluir por tales circunstancia del régimen al afectado.”

 

 

357, Sección Segunda, 8:30 horas del 24/04/00

Si bien en línea de principio se ha reconocido el tiempo de servicio no cotizado, previa constitución de deuda al fondo de pensiones, es lo cierto que ello no es posible acreditar mediante el fotocopiado de un juicio ordinario en que se intentó demostrar ese extremo.

 

“Por improcedente, se deniega la pretensión del apelante para que se compute el tiempo servido y no cotizado en la empresa privada denominada Floristería Esempí Sociedad Anónima, representada por Flora Barbará Pierre que ha pretendido probar mediante fotocopias de un Juicio Ordinario Laboral, tramitado en el año de mil novecientos setenta y uno entre ambas partes.”

 

0707, Sección Primera, 9:25 horas del 25/08/00

Se reitera en esta sentencia la consideración que el tiempo servido y no cotizado, no es óbice para denegar el derecho jubilatorio, toda vez que existen mecanismos para satisfacer ese adeudo al fondo de pensiones.

 

“En virtud de lo anterior, siendo que la gestionante acumuló más de veinte años de servicios durante la vigencia de la Ley 2248 y sus reformas, lo que procede es que su pensión ordinaria le sea reconocida al amparo de esa normativa.  No debe afectar para el beneficio de jubilación el hecho de que la trabajadora no haya cotizado regularmente.  Para salvar esa omisión los órganos administrativos competentes han establecido, con apoyo en la Ley, el pago de las cuotas atrasadas por medio de los mecanismos legales preestablecidos, de manera que tampoco esa circunstancia, con base en la cual la Dirección denegó el beneficio solicitado, es obstáculo para otorgar la jubilación que aquí se concede.  La Junta de Pensiones si tomó en cuenta los períodos no cotizados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 de la Ley 3808 del veintidós de noviembre de 1966 (derogada), que permite el pago de la deuda por cuotas no aportadas, haciendo la deducción correspondiente del monto de la pensión a percibir, y del artículo 29 de la Ley 7302, en el que se dispone que al menos el cincuenta por ciento del total de las cuotas no cubiertas debe cancelarse inmediatamente, y la diferencia mediante una deducción mensual a la pensión.  Este Tribunal comparte las apreciaciones de la Junta, como se puede constatar en el criterio sentado sobre este tipo de asuntos, que integrado con la jurisprudencia vinculante de la Sala Constitucional, faculta al órgano decisorio a aplicar las normas que hayan sido derogadas, a situaciones ocurridas con posterioridad a su vigencia, siempre y cuando no sea para perjudicar al administrado.”

 

0362, Sección Primera, 8:45 horas del 4/05/01

Señala el honorable Tribunal que resulta equivocada la actuación de la Dirección Nacional de Pensiones, en el sentido de no reconocer el tiempo efectivamente laborado y no cotizado.  Además, en forma precisa, no dice que el curso lectivo para el Magisterio Nacional, inicia el primer lunes de marzo y finaliza el último sábado de noviembre de cada año.

 

“IV. Por otra parte, se le reitera a la Dirección Nacional de Pensiones el criterio sustentado por este Tribunal en múltiples pronunciamientos, en el sentido de que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 7302, aplicable a esta materia, el beneficiario que por motivos ajenos a su voluntad no le hubieren sido cubiertas las cuotas por tiempo servido, para cualquiera de los regímenes de pensión, puede concurrir con su pago mediante deducción mensual a su pensión.  Por tal motivo, yerra la citada dependencia gubernamental al no reconocerle a la gestionante el período que no cotizó regularmente.  Asimismo, en la cuantificación del tiempo servido se ha reiterado que, de acuerdo al artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil, el curso lectivo se inicia el primer lunes de marzo y termina el último sábado de noviembre, por lo que el año laboral para los servidores a cargo de la docencia en el Magisterio Nacional resulta ser de nueve meses y no de once, de ahí la diferencia en el tiempo de servicio que muestra la resolución apelada.”

 

 447, Sección Primera, 8:20 del 17/04/2002

El tiempo de servicio plenamente acreditado y no cotizado no puede ser desconocido para efectos de pensión; las cuotas correspondientes pueden satisfacerse mediante el procedimiento que señala el artículo 29 de la Ley 7302; así se lo reitera el Tribunal a la Dirección Nacional de Pensiones.

 

“Se le reitera a la Dirección Nacional de Pensiones el criterio sustentado en múltiples pronunciamientos, en el sentido de que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 7302, aplicable a esta materia, el beneficiario que por motivos ajenos a su voluntad no le hubieran sido cubiertas las cuotas por tiempo servido, para cualquiera de los regímenes de pensión, puede concurrir con su pago mediante deducción mensual a su pensión.  Por tal motivo, yerra la citada dependencia gubernamental al no reconocerle a la gestionante el período que no cotizó regularmente.”

 

0473, Sección Primera, 8:40 horas del  19/04/02

El tiempo de servicio no cotizado, pero debidamente demostrado, resulta procedente contabilizarlo para efectos de pensión, puesto que las cotizaciones pueden reintegrarse según las leyes 7308 y 7302.

 

“En cuanto al tiempo de servicios que no aparecen cotizaciones para el régimen del Magisterio Nacional a favor del apelante, ello no es óbice para denegar la pensión, puesto que las cotizaciones pueden recuperarse mediante el sistema previsto por la Ley 3808 o la 7302, de manera que el interesado cumpla con la obligación de aportar las mismas por todo el tiempo que le será reconocido para efectos jubilatorios.”

 

 

 

*     OTRAS  INSTITUCIONES

 

043, Sección Primera, 10:00 horas del 14/01/99

Indica la Sección Primera del Honorable Tribunal que es reiterada la jurisprudencia que impone el cómputo del tiempo servido en otras instituciones ajenas al Magisterio Nacional.

 

“La discrepancia entre las partes, se circunscribe a la determinación del tiempo servido.  Mientras que la Junta de Pensiones consideró un total de 28 años 8 meses y 15 días, la Dirección no toma en cuenta algunos períodos laborados para otras instituciones, sino el tiempo efectivamente trabajado para el Magisterio Nacional.  Sobre este tema ha sido reiterada la jurisprudencia en el sentido de que si la ley 7531, vigente, en su artículo 42 permite integrar esos períodos laborados, debe incluirse dentro del cómputo del tiempo que va a tomarse en cuenta para la determinación de la pensión, ese tiempo, también en aplicación del principio de la norma más favorable y la retroactividad de la ley más beneficiosa, en materia de seguridad social, así como en la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional como es el voto 435-95 de las 10-09 hrs. del 20 de enero de 1995.”

 

0088, Sección Primera, 9:40 horas del 25/01/99

En forma elocuente aborda la Sección Primera dos aspectos fundamentales:  1. Debe reconocerse el tiempo de servicio ajeno al Magisterio y prestado al Sector Público.  2.  El exceso de los 25 ó 30 años, debe considerarse postergación.

 

“De acuerdo con reiterada jurisprudencia de este Tribunal, así como de la doctrina que ha venido estableciendo la Sala Constitucional entre otros, en los votos 259-91 y 435-95 queda claro que de acuerdo con el artículo 42 de la ley 7531, es posible tomar en cuenta el tiempo servido en el sector público, para completar las cuotas necesarias para que se le pueda conceder al beneficiario la pensión que solicita.  Además de lo anterior, cabe decir que el tiempo servido más allá de los treinta años, debe tomarse en cuenta para configurar el plus de postergación.”

 

0560, Sección Segunda, 8:55 horas del 23/04/99

Al avalar el Tribunal las denegatorias practicadas por la Junta y la Dirección, se dice que el tiempo servido en una Municipalidad no puede reconocerse a falta de documentación idónea que así lo acredite como procedente.

 

“Con fundamento en todo lo anterior, este Tribunal, de manera unánime, llega a la conclusión de que el recurrente no lleva razón en sus agravios, pues es lo cierto que no satisface los requisitos mínimos necesarios para reconocerle el beneficio que reclama, en el tanto que no cumple con el requisito de antigüedad en la forma en que lo dispone la Ley, además de que el tiempo servido para la Municipalidad del Guarco no puede ser contabilizado, pues no existe un documento idóneo de prueba que sirva para sustentar ese hecho.  Por lo anterior sin necesidad de mayor consideración, procede confirmar la resolución recurrida.”

 

 

1204, Sección Tercera, 9:50 horas del 26/11/99

Considera el Tribunal que resulta procedente el reconocimiento para el Magisterio Nacional que realizara esta Junta, del tiempo de servicio de aquellos funcionarios de las Bibliotecas Públicas en su oportunidad trasladadas al Ministerio de Cultura Juventud y Deportes.  Así, al confirmar la declaratoria de la jubilación ordinaria bajo los términos de la Ley 7268, se dice de interés:

 

       “Pago el caso de la Dirección General de Bibliotecas Públicas adscritas al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, por decreto N° 1466-C del veintinueve de enero de mil novecientos noventa y uno, se dispuso que los miembros de ese personal quedaban protegidos por el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional, lo que nos lleva a concluir que no cabe duda que debe computarse al recurrente ese tiempo para efectos del otorgamiento de su pensión conforme lo hizo la Junta de Pensiones (folios 22 a 26), debiendo además agregarse por aplicación del artículo 32 un año, ocho meses por el tiempo servido en el Ministerio de Educación.-“

 

0886, Sección Primera, 09:25 horas del 05/10/00

En virtud de su particularidad, reseñamos las consideraciones del honorable Tribunal que rechazan, como tiempo servido a la educación las labores desarrolladas en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.

 

       “Analizada la situación controvertida y observándose del cálculo aritmético que la apelante cumple satisfactoriamente con los requisitos legales exigidos por la normativa citada (Ley N°7268), el Tribunal estima que ese tiempo de servicio, es suficiente para derivar el derecho jubilatorio de la apelante, no bajo la normativa  N°2248, por cuanto, en criterio de este Tribunal, el tiempo servido en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, desempeñando funciones secretariales, no computa como tiempo efectivo de servicio para la Educación Nacional, pero sí obtiene derecho a la jubilación al amparo de la vigencia de la citada Ley N°7268.”

 

 

*     ANDE.  ADMINISTRATIVO.

 

0469, Sección Tercera, 9:10 horas del 26/04/01

De manera categórica señala el Tribunal al confirmar la denegatoria practicada por la Dirección Nacional de Pensiones, que el tiempo laborado para la ANDE no puede ser considerado para efectos de jubilación por el Régimen del Magisterio Nacional.

 

“III.  La Dirección Nacional de Pensiones consideró, para rechazar el derecho a la petente, que el tiempo laborado sólo alcanzaba diecisiete años cuatro meses y tres días; a contrario de la Junta que sumó treinta y tres años dos meses y once días. La diferencia salta a la vista.  De los cálculos que hace la Junta, visibles a folios 25 a 27 se observa que computó como tiempo servido el laborado para la Asociación Nacional de Educadores.  La pregunta es si ese tiempo resulta útil para efectos de una jubilación por éste régimen.  El artículo 1 de la ley 2248 que remite al numeral 116 del Código de Educación, permite computar como tiempo servido a la enseñanza los prestados en el país en colegios o en escuelas particulares reconocidos de primera o de segunda enseñanza, o cualquier destino relacionado con la educación pública.  De tal texto no puede colegirse que el servicio prestado a ANDE sea un destino relacionado con la educación pública.  Esta asociación, que a la sazón tiene por agremiados a los educadores, tiene como fin la protección de intereses gremiales, que son particulares, pero sus empleados que son administrativos no pueden ser considerados como colaboradores de la educación pública.  Tampoco es posible aplicar la disposición contenida en el artículo 5 de la ley 7268 no sólo porque su vigencia es posterior a la fecha en que la petente laboró para ANDE sino además porque está dirigida al reconocimiento de funcionarios activos del Ministerio de Educación que lleguen a ocupar cargos en la dirigencia de organizaciones gremiales vinculadas con el Magisterio Nacional y que hayan disfrutado de licencia sin goce de salario en el ejercicio de esa representación.  Del documento a folio 73 se extrae que los puestos que ocupó la petente fueron de recepcionista, secretaria del departamento laborales y del legal.

IV.- Ante la imposibilidad legal de computar el tiempo laborado para Ande como útil para efectos de jubilación de éste régimen; vemos que la petente no cumple con los requisitos de servicio que la ley exige, por lo que resulta procedente confirmar la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones.”

 

*     CATIE

 

1236, Sección Segunda, 9:10 horas del 11/10/2005

En esta resolución el Tribunal aclara dos puntos de suma importancia, por un lado reitera que existen suficientes argumentos que permiten el traslado de cuotas de un régimen obligatorio a otro, con el fin de completar los requisitos que permitan la declaratoria del derecho y por otro lado, reconoce al CATIE como una institución de enseñanza, por lo que a la luz de la Ley 2248, dicho patrono estaba en la obligación de cotizar para el Magisterio Nacional y esa omisión no puede por tanto perjudicar al trabajador.

 

       “III.- La Dirección Nacional de Pensiones no tomó en consideración el tiempo servido por el interesado en el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, pese a que está íntimamente relacionado con la actividad docente.  Al respecto, al artículo 1 de la ley 2248 del cinco de septiembre de 1958 y sus reformas disponía (en lo conducente):  “artículo 1. Estarán protegidos por la presente ley las personas que (...) que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece.(...)”.  Luego, si el promovente laboró para el CATIE desde el primero de febrero de 1963 hasta el 30 de junio de 1987, como se desprende de la constancia de folio 81, durante toda su relación laboral estuvo en el presupuesto de hecho que le otorgaba derecho al cobijo de la ley 2248.  No fue él, sino su patrono, quien incumplió con el deber de hacer las cotizaciones correspondientes al Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, porque era el empleador el agente recaudador de dichas contribuciones.  Así se desprende de la integración de normas de los numerales de la ley 2248: 15 inciso ch), 17, 19, 22 y 23.  A lo anterior agréguese que por los principios: pro fondo, de justicia social y el derecho a la pensión única, el traslado de cuotas de un régimen de pensiones a otro está legalmente autorizado.”

 

*    GRUPO NACION

 

1204, Sección Segunda, 8:05 horas del 08/08/2007

En la presente resolución, el Tribunal de una forma objetiva, razonada, razonable y extremadamente detallada, hace un extenso y muy apropiado análisis de las labores desplegadas por una persona para el Grupo Nación, examinando cuidadosamente las pruebas aportadas sobre las labores realizadas y  los convenios suscritos, para culminar acertadamente que las funciones fueron y son catalogadas bajo el imperio de la Ley 2248 y Código de Educación, como tiempo de servicio hábil en la Educación, y por tal razón no puede ser despreciado, ratificando con ello el criterio externado por la Junta en su decisión.

 

 

“Adicionalmente, y con la documental de folios 38 a 44, se acreditó que la señora (...), labora para el Grupo Nación desde el primero de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, y que actualmente desempeña el cargo denominado “Directora Nación en el Aula” en el departamento de Redacción.  Con esa información, se partió de que, dado que el patrono es una empresa privada dedicada a la publicación de medios escritos de comunicación colectiva, las labores de la promovente debían ubicarse dentro de ese marco fáctico, puesto que es del conocimiento público que en los periódicos laboran profesionales en idiomas (en este caso español) para hacer las correspondientes revisiones y correcciones de los textos a publicar.  Lo anterior tenía su fundamento lógico en la circunstancia de que ella ejerce las funciones de su cargo en el Departamento de Redacción.  No obstante, en este último procedimiento de revisión, se han aportado nuevos, abundantes y explícitos recursos probatorios documentales, que permiten recrear con mayor apego a la realidad, las condiciones de la labor que realiza la señora (...) en la citada empresa.   Con ese apoyo, ella solicita que “...se reconozca la naturaleza exclusivamente docente de las labores que ha desempeñado como Directora del Departamento La Nación en el Aula, desde el primero de marzo de mil novecientos ochenta y nueve hasta la fecha, en la empresa Grupo Nación GN S.A. y en consecuencia que se considere ese tiempo como trabajado para la docencia nacional, con todas las consecuencias legales que de ello deriven, en especial en cuanto al salario a considerar para efectos del cálculo del monto...”.

IV.- De la documental visible de folios 164 a 168, se extrae que la petente ostenta títulos académicos en Filología Española, como Profesora de Segunda Enseñanza y en Lingüística.  Así mismo, se acreditó con el documento a folio 247 que ella no es periodista.  Ahora bien, sus atestados académicos evidentemente propiciaron su contratación para el cargo de Directora del departamento La Nación en el Aula, en la empresa privada periodística Grupo Nación, dado que esa subdivisión administrativa, según constancias visibles a folios 252 y 253 a 254, tiene funciones enteramente docentes, brindando capacitaciones y talleres en escuelas y colegios a educadores y estudiantes, en todo el territorio nacional y sin costo alguno para la institución beneficiada con esos servicios.  Los talleres pueden ser solicitados tanto por los centros educativos como por el Ministerio de Educación Pública.  Además, el departamento promociona periódicamente ferias y campañas nacionales de lectura y escritura.  A ello agréguese que la aquí impugnante es la encargada de preparar todo el material didáctico para estudiantes y educadores a utilizar en dichas actividades, amén de que ella misma ha publicado fascículos y libros de apoyo para el estudiantado de primaria y secundaria, que el Ministerio de Educación Pública reconoce como valiosos recursos de trabajo en los procesos de aprendizaje del idioma español.

...

V.- Así reconstruído el marco fáctico de las condiciones en que se ha desarrollado el trabajo efectivo de la promovente como Directora del Departamento La Nación en el Aula, de la empresa privada de comunicación colectiva Grupo Nación GN S.A., se desprende que ella ha estado, desde que inició el cargo de marras el primero de marzo de mil novecientos ochenta y nueve, absolutamente dedicada e involucrada con los intereses de la educación nacional, y siempre en estrecho contacto y colaboración con el Ministerio de Educación Pública.  De ahí que se da una situación especialísima, en la que, si bien su patrono no está registrado legalmente como una entidad educativa, fuera de educación primaria, secundaria, universitaria o técnica, el departamento en el que ella labora tiene funciones docentes por definición, y a tal grado han trascendido, que tienen impacto a nivel nacional, incluso en comunidades y zonas geográficas del país, donde ni los recursos del erario público han podido satisfacer necesidades de materiales didácticos, físicos o de capacitación de estudiantes y educadores.  Luego, habiéndose perfilado realmente la particular situación de la promovente, y sin intención de universalizar un criterio administrativo, sino de aplicar la legalidad en justicia, se establece que ella queda cubierta por las disposiciones integradas de los ordinales 1 de la Ley 2248 y 116 del Código de Educación”

 

*     INA. ADMINISTRATIVO

 

0245, Sección Primera, 08:50 horas del 28/03/01

Aún cuando sobre el tiempo servido para el Instituto Nacional de Aprendizaje se haya cotizado para la Caja Costarricense de Seguro Social, ello no desvirtúa su naturaleza de sector docente, a los efectos de derivar un beneficio por el Régimen del Magisterio Nacional; claro está, con el correspondiente pago de las diferencias de cotización.

 

       “Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto; y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta es lo correcto, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, ésta desconoció tiempo de servicios en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 2248, que establece:  “Estarán protegidos por la presente ley… y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones que esta ley establece…”, (el destacado no es del original).  En el caso de estudio, si bien el interesado no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, y las que el trabajador tendrá a su cargo, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta en la resolución número 4866, del ocho de diciembre de 1999.”

 

134, Sección Primera, 8:55 horas del 15/02/02

Los servidores del Instituto Nacional de Aprendizaje se encuentran protegidos por el Sistema de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio de Nacional.  Así, en el presente asunto, pese a que los años de servicio fueron cotizados para el Régimen que administra la Caja Costarricense de Seguro Social, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7302 resulta procedente el pago de las diferencias por la cotización a diferentes regímenes.

 

“Analizada la situación controvertida y observándose del cálculo aritmético que la apelante cumple favorablemente con los requisitos legales exigidos por la normativa citada, el tribunal estima que ese tiempo de servicio es suficiente para derivar el derecho jubilatorio bajo el amparo de la citada Ley N° 2248, pues el tiempo laborado en el Instituto Nacional de Aprendizaje debe serle reconocido, ya que está amparado en el artículo 1 de la mencionada normativa legal, al tratarse de un servicio prestado en una institución docente estatal.

         IV.- Por otra parte, se le reitera a la Dirección Nacional de Pensiones el criterio sustentado en múltiples pronunciamientos, en el sentido de que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley N° 7302 del 15 de julio de 1992, aplicable a esta materia, el beneficiario que por motivos ajenos a su voluntad no le hubieren sido cubiertas las cuotas por tiempo servido, para cualquiera de los regímenes de pensión, puede concurrir con su pago mediante deducción mensual a su pensión. Por tal motivo, yerra la citada dependencia gubernamental al no reconocerle a la gestionante ese período, máxime que lo cotizó para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

       Asimismo, en la cuantificación del tiempo servido se ha reiterado que, de acuerdo al artículo 176 del Estatuto de Servicio Civil, el curso lectivo se inicia el primer lunes de marzo y termina el último sábado de noviembre, por lo que el año laboral para los servidores a cargo de la docencia en el Magisterio Nacional resulta ser de nueve meses y no de once, de ahí la diferencia en el tiempo de servicio que muestra la resolución apelada.”

 

 

588, Sección Segunda, 11:35 horas del 15/05/2002

Los funcionarios administrativos del Instituto Nacional de Aprendizaje forman la membresía del Régimen del Magisterio Nacional al igual que los docentes; por ello no es correcta la actuación de la Dirección al no computar ese tiempo de servicio y sobre el cual válidamente se pueden cancelar las diferencias de cotización.

 

“II.- El debate en este asunto se produce, porque la Dirección Nacional de Pensiones no tomó en consideración el tiempo servido por el interesado en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pese a que está íntimamente relacionado con la actividad docente.  Sobre este particular, el inciso c) del artículo 8 de la Ley 7531, refiriéndose al ámbito de cobertura de esta Ley establece que, por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente:  Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que ejerzan actividades docentes regulares y continuas.  Como podemos apreciar la norma es muy clara e incluye expresamente en el ámbito de protección del régimen de pensiones del Magisterio Nacional a los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, así que la oposición de la Dirección Nacional de Pensiones carece de fundamento jurídico.  Por otro lado, este Tribunal conociendo un caso similar al que nos ocupa, señaló que si bien el interesado no había cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, ello no era óbice para otorgar la pensión, porque podía cancelar las cuotas omitidas, de previo al disfrute de la misma o acogerse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7302, cancelando el cincuenta por ciento de lo adeudado y el resto mediante deducción mensual del beneficio acordado.”

 

890, Sección Primera, 9:55 horas del 12/07/02

El servicio para el Instituto Nacional de Aprendizaje no puede desconocerse para derivar un beneficio por el Régimen del Magisterio Nacional; claro está, previo pago de las diferencias de cotización cuando esta se ha enterado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 

De la cotización.  Del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto; y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta es lo correcto, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, ésta desconoció tiempo de servicios en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 2248, que establece:  “Estarán protegidos por la presente ley…y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece…”(el destacado no es del original).  En el caso de estudio, si bien el interesado no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su  patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, y las que el trabajador tendrá a su cargo, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta en la resolución número 9727, del 6 de diciembre de 2000.”

 

916, Sección Primera, 8:30 horas del 19/07/2002

En el presente asunto el Tribunal nuevamente enfatiza que los servidores que prestan su fuerza laboral para el Instituto Nacional de Aprendizaje, se encuentran comprendidos dentro del Régimen del Magisterio Nacional, siendo que la ausencia de cotización no es una justificación válida para despreciarlo.

 

“Asimismo, del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto; y de las pruebas que obran en el expediente, el Tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta de Pensiones es lo correcto, en cuanto aplica la Ley N° 2248, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, ésta desconoció tiempo de servicios en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo 1 de la Ley N° 2248, que establece:  “Estarán protegidos por la presente ley... y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece...”(el destacado no es del original).  En el caso de estudio, si bien el interesado no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, y las que el trabajador tendrá a su cargo, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta de Pensiones en la resolución número 9422, del 29 de noviembre de 2000.”

 

1534, Sección Segunda, 10:10 horas del 22/10/2002

Refiere esta sentencia del honorable Tribunal que “ la oposición de la Dirección Nacional de Pensiones carece de fundamento jurídico”, cuando niega aprobación final al beneficio de jubilación declarado por la Junta a un servidor del Instituto Nacional de Aprendizaje, habida cuenta que, de una parte, están comprendidos en el ámbito de protección del Sistema, cuanto de otra, la ausencia de cotizaciones resulta subsanable conforme los términos del artículo 29 de la Ley 7302.

 

“II.-  El debate en este asunto se produce, porque la Dirección Nacional de Pensiones no tomó en consideración el tiempo servido por el interesado en el Instituto Nacional de Aprendizaje, pese a que está íntimamente relacionado con la actividad docente.  Sobre este particular, el inciso c) del artículo 8 de la Ley 7531, refiriéndose al ámbito de cobertura de esta Ley establece que, por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente:  Los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje que ejerzan actividades docentes regulares y continuas.  Como podemos apreciar la norma es muy clara e incluye expresamente en el ámbito de protección del régimen de pensiones del Magisterio Nacional a los funcionarios del Instituto Nacional de Aprendizaje, así que la oposición de la Dirección Nacional de Pensiones carece de fundamento jurídico.  Por otro lado este Tribunal conociendo un caso similar al que nos ocupa, señaló que si bien el interesado no había cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, ello no era óbice para otorgar la pensión, porque podía cancelar las cuotas omitidas, de previo al disfrute de la misma o acogerse a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 7302, cancelando el cincuenta por ciento de lo adeudado y el resto mediante deducción mensual del beneficio acordado.”

 

162, Sección Segunda, 11:10 horas del 13/02/2003

Una vez más refiere el Tribunal que los funcionario del Instituto Nacional de Aprendizaje sí forman parte de la membresía del régimen, aún cuando no hayan cotizado, siempre que cumplan con el tiempo de servicio total para derivar la prestación.

 

“III.- Se tiene por demostrado que la recurrente había completado más de veinte años de servicio al 18 de mayo de 1993.  Aunque éste , no fue cotizado para el régimen de Magisterio Nacional como lo certifica el Instituto Nacional de Aprendizaje en certificaciones de folios 5 a 21, 35 y 36, 65 a 67, sino para el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social; del análisis de lo resuelto por los órganos que precedieron en el conocimiento de este asunto, y de las pruebas que obran en el expediente, el tribunal arriba a la conclusión que lo resuelto por la Junta de Pensiones es lo correcto, no así lo dispuesto por la Dirección Nacional de Pensiones.  En efecto, ésta desconoció tiempo de servicio en el Instituto Nacional de Aprendizaje, lo cual contraviene lo dispuesto por el artículo primero de la Ley 2248, que establece:  “Estarán protegidos por la presente ley (...) ...y las que sirvan cargos docentes o administrativos en el Ministerio de Educación y sus dependencias, en las instituciones docentes oficiales y en las particulares reconocidas por el Estado, que hayan cotizado durante ese tiempo para el fondo de pensiones y jubilaciones que esta ley establece...” (el destacado no es del original).  En el caso de estudio, si bien la interesada no ha cotizado para el Fondo de Pensiones del Magisterio Nacional, esto se subsana con el pago de las cuotas que su patrono reportó a la Caja Costarricense de Seguro Social, deuda que el trabajador tendrá a su cargo, como lo recomendó el informe técnico y lo dispuso la Junta en la resolución que se confirma.”

 

 

*     UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

 

0717, Sección Segunda, 9:25 horas del 12/07/00

Al confirmar la integración en el monto del beneficio jubilatorio de la postergación, sostiene el Tribunal que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Estatuto del Servicio Civil, el año laboral en la Universidad de Costa Rica debe contabilizarse en 9 meses.

 

       III.  Estudiados los autos, este Tribunal por unanimidad considera que la recurrente lleva razón en sus alegatos, dado que el tiempo de servicio y el aumento en el monto del beneficio que incorporó el plus por postergación ha sido incorrectamente realizado por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fue debidamente contabilizado por la Junta de Pensiones en los estudios y documentación de folios 84 y 89 de los autos.  Lo anterior, por cuanto la citada Dirección Nacional de Pensiones no tomó en cuenta que, de acuerdo con el numeral 176 del Estatuto del Servicio Civil, el año laboral en la Universidad de Costa Rica es de nueve meses que, corresponde a la duración del curso lectivo.  Por ese motivo, el cómputo del tiempo servido ha de calcularse con sustento en la división que ha de hacerse del número total de meses laborados incluidas las vacaciones de tres meses entre el factor o cociente nueve y no entre el factor once.  Básicamente, la disconformidad versa precisamente sobre el cómputo del tiempo servido que, debe tomarse en cuenta para calcular la revisión del beneficio ordinario.  De conformidad con los artículos 41 y 42 de la Ley 7531, se arriba al válido convencimiento que en relación con la impugnación planteada contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la parte recurrente lleva razón en sus agravios.   Así se decide, por cuanto es procedente el reconocimiento por computarse el año lectivo en nueve meses.

       De acuerdo con el citado numeral del Estatuto del Servicio Civil como el curso lectivo empieza el primer lunes de marzo de cada año y concluye el último sábado del mes de noviembre y el lapso comprendido entre el cierre y la nueva apertura de los cursos se deben tener como vacaciones, sin que exista un doble reconocimiento al aplicar el numeral  32 de la Ley 2248.  Así se resuelve, porque la bonificación del artículo 176 se opera sobre la sumatoria de fracciones de tiempo obtenida y sobre las que no opera el reconocimiento del mencionado artículo 32.  Sumado todo el tiempo servido en la Universidad de Costa Rica y en El Estado es de rigor declarar que, efectivamente al treinta de setiembre de mil novecientos noventa y ocho, la recurrente (…) contaba con treinta y tres años, seis meses y veintitrés días de servicio.  en  tal virtud, debe concedérsele al impugnante la revisión de la jubilación ordinaria que solicita en los términos que indica la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional y revocar la resolución dictada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.”

 

 

 

1363, Sección Segunda, 8:31 horas del 31/08/2007

En el fallo de comentario, el Tribunal señala que los puestos en que el recurrente fungió como representante estudiantil en los cargos de Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y como representante ante el Consejo Universitario, son de naturaleza académica y de participación estudiantil en la gestión universitaria, por lo que no corresponden ser tomados en cuenta en el cómputo de los años para la pensión, ya que no se encuentran entre las organizaciones protegidas por el artículo primero de la Ley 2248. 

 

 

“No tiene entonces el peticionario, derecho a jubilarse al amparo de ninguna de esas dos leyes examinadas.  Además, debe resolverse que es improcedente el reconocimiento del tiempo de servicio efectuado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional en relación con los años en que el señor (...) fungió como representante estudiantil en los cargos de Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) y como representante ante el Consejo Universitario, ya que dichos puestos son erróneamente confundidos por la citada instancia como una organización protegida por el artículo primero de la Ley 2248.  Sobre éste punto, es necesario tomar en consideración que la representación estudiantil es aquella que delegan los estudiantes de la Universidad de Costa Rica mediante un proceso de elección, en los órganos e instancias de Gobierno propios de su organización, cuyos fines son de naturaleza académica y de participación estudiantil en la gestión universitaria, tanto a nivel nacional, como ante los diferentes órganos de dirección y gobierno de la Universidad de Costa Rica.

 

..../  En consecuencia éste tiempo no debe ser adicionado en el cómputo total de años de servicio para efecto de ser otorgado el derecho de la jubilación, según lo certificó la propia la Universidad de Costa Rica en certificación que obra a folio 37 del expediente administrativo.”

 

*     UNIVERSIDADES AUTONOMAS

 

1524, Sección Tercera, 8:40 horas del 14/11/2002

En forma novedosa, recoge la sentencia de comentario, la obligación de computar como laborado al Magisterio Nacional, le dio en el caso particular, el tiempo servido en la Universidad Autónoma de Centroamérica.  Debe tenerse presente en todo momento la particularidad de este fallo, a efecto de no practicar una interpretación generalizadora contraria, eventualmente y salvo mejor criterio, al texto de la legislación vigente.

 

       “Es menester aclarar que se incluye el tiempo laborado en la Universidad Autónoma de Centroamérica, pese a que la Dirección Nacional de Pensiones no lo hizo, pues está íntimamente relacionado con la actividad docente.  Sobre este particular, el inciso c) del artículo 8 de la Ley 7531, refiriéndose al ámbito de cobertura de esa Ley establece que, por desempeño en el Magisterio Nacional debe entenderse específicamente:  Los funcionarios que ejerzan actividades docentes regulares y continuas.  Como podemos apreciar la norma es muy clara y incluye expresamente en el ámbito de protección del régimen de pensiones del Magisterio Nacional a los funcionarios de universidades autónomas, de tal forma que la oposición de la Dirección Nacional de Pensiones carece de fundamento jurídico.”

 

 

*     OTROS REGIMENES

 

0204, Sección Segunda, 9:20 horas del 1/03/01

Al confirmar sendas denegatorias de la pensión ordinaria por edad, varios aspectos de suma trascendencia para los procedimientos de declaratoria de beneficios, resalta el honorable Tribunal; a saber, que las cotizaciones para diferentes regímenes de pensión pueden válidamente hacer derivar igual número de derechos, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de cada uno; la contabilización que en su oportunidad se hizo -en el caso particular hace más de veinte años-, de las cotizaciones del Régimen del Magisterio Nacional, a efecto de declarar un beneficio por el de Hacienda, impide su destimación en este momento procesal para fundamentar la pensión que se solicita; también el Tribunal Superior de Trabajo resulta incompetente para conocer del otorgamiento de una pensión por el Régimen de Hacienda por la vía del artículo 92 de la Ley 7531 y su reforma 7946.

 

“Los reproches del apelante, específicamente versan sobre el cómputo del tiempo servido que debe contabilizarse a para completar el requisito mínimo de diez años de servicio, exigido por la Ley primigenia Número 2248.  Califica que la resolución apelada es ilegal, toda vez que no reconoce la totalidad del tiempo laborado ni la edad que, al dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y tres, superaba los diecinueve años de servicio y sesenta años de edad, respectivamente.  Alega que aún si se contabilizara el tiempo servido que señala la Dirección Nacional de Pensiones, éste es superior a los treinta y seis meses para acceder a una jubilación disminuida que establece el artículo 29 del Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo.  Pretende la revocatoria de la resolución apelada y solicita la declaratoria de su derecho jubilatorio.  Examinados los argumentos del apelante, por unanimidad este Tribunal de conformidad con el artículo 42 y Transitorio V de la Ley 7531, arriba al válido convencimiento que, en relación con la impugnación planteada contra la resolución dictada por la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la parte recurrente no lleva razón en sus agravios.  Así se decide, en razón de que a pesar de que está acreditado que el Licenciado (…), laboró en la educación nacional nocturna por espacio de diecinueve años y siete meses, es lo cierto que al momento de concedérsele la jubilación del régimen de Hacienda, se adicionaron parte de los aportes o contribuciones al régimen del Magisterio Nacional.  El recurrente ha venido alegando que para concederle el beneficio del régimen de Hacienda, sólo bastaba sumar el tiempo servido en la Asamblea Legislativa y en la Corte Suprema de Justicia ya que, juntos sobrepasaban los treinta años requeridos para optar por ese sistema jubilatorio, sin que fuera necesario aplicar al efecto, las contribuciones deducidas para el respectivo Fondo del Magisterio.  Examinados los reproches del apelante, éste órgano administrativo se permite comentar que éste eventualmente podría tener derecho a otra pensión, habida cuenta que laboró en los tres Poderes del Estado, en jornadas distintas y cotizó para diferentes sistemas de jubilaciones.  Si trabajó diecinueve años, nueve meses y seis días en el Poder legislativo y diez años y nueve meses en el Poder Judicial, en el año de mil novecientos ochenta habría ajustado más de treinta años de servicio en El Estado, sin necesidad de tener que ajustarlos con los aportes del sistema de pensiones propio de los educadores.  Como el impugnante, se desempeñó en el cargo de Defensor Público en el Poder Judicial, desde mil novecientos setenta hasta mil novecientos ochenta, observamos que para concederle la jubilación que en la actualidad disfruta, sólo se cuantificó el tiempo servido a partir del año de mil novecientos setenta y  cinco.  No obstante las anteriores acotaciones, es lo cierto que la resolución venida en alzada, debe confirmarse.  Lo anterior, en virtud de que la resolución administrativa que impide considerar que el apelante tiene el requisito de más de diez años de servicio en la educación nacional, exigido para ser acreedor a una jubilación por vejez del sistema de pensiones del Magisterio Nacional), no es precisamente la que aquí se combate.  El acto administrativo que obstaculiza que se decrete a favor del recurrente el derecho a la pensión por vejez, es aquél que declaró el derecho a la pensión de Hacienda.  Dicha decisión administrativa data del año de mil novecientos ochenta; obviamente, se encuentra firme y es evidente que no corresponde a la venida en alzada.  Por ese motivo, de conformidad con los artículos 92 de la Ley 7531, reformado por el artículo 1 de la Ley 7946 de 18 de noviembre de 1999, en relación con lo dispuesto por los numerales 181 y 349.2 de la Ley General de la Administración Pública, el examen de la legalidad del acto declaratorio del derecho subjetivo a la pensión de Hacienda rebasa la competencia de este órgano jerárquico impropio.  En otras palabras, a este órgano le está vedado revisar y controlar la legalidad del acto administrativo que, otrora concedió la pensión de Hacienda.  En tratándose de un asunto complejo, para determinar si el apelante tiene derecho a la pensión solicitada ante la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional, será necesario que las autoridades competentes examinen el sustento fáctico y jurídico de la resolución de la Dirección Nacional de Pensiones que, desde hace más de veinte años declaró en favor de aquél el derecho a gozar de la pensión de Hacienda.  En conclusión, sumadas todas las cotizaciones aportadas al sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional y, deducidas las que fueron cuantificadas para otorgar la jubilación por el régimen de Hacienda, se arriba al válido juicio que, efectivamente el apelante no reúne el mínimo de ciento veinte cotizaciones, exigido por el artículo 2 de la Ley 2248.  En consecuencia, no puede concedérsele el derecho a la jubilación ordinaria solicitada.  Tampoco, es posible otorgarle una jubilación extraordinaria.  Además de que, ello implicaría variar a esta altura procesal la causa petendi, entre otros aspectos, se nota que, en autos no se encuentra acreditado pericialmente la aludida contingencia.  En vista de que este órgano superior jerárquico bifásico, concretamente sólo tiene competencia para revisar la legalidad del acto administrativo final, emitido por la Dirección Nacional de Pensiones Número DNP-M-DE-5200-99, dictada a las diez horas del día veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve, al determinar que formalmente está ajustado a derecho, se impone entonces, impartirle la confirmatoria.”